Diputados de Unión por la Patria presentaron una denuncia penal en Comodoro Py por los operativos de control a manifestantes el 18 de junio, que incluyeron requisas y toma de datos sin orden judicial.
El diputado nacional Leopoldo Moreau presentó una denuncia penal en el fuero federal por los controles policiales realizados durante la movilización del 18 de junio en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. La presentación judicial se fundamenta en los operativos efectuados sobre rutas nacionales y accesos urbanos, en los que las fuerzas de seguridad detuvieron ómnibus que trasladaban manifestantes.
Según la denuncia, durante esos procedimientos se requisaron equipajes, se exigió la presentación de documentos de identidad y se fotografiaron dichos documentos sin orden judicial ni fundamento legal. El legislador lo califició como "hechos de extrema gravedad institucional".
La denuncia fue radicada en Comodoro Py y tiene como objetivo determinar la cadena de responsabilidades detrás de estos hechos, así como garantizar el respeto a las libertades civiles. "Estas prácticas no son aisladas ni fortuitas. Constituyen un patrón de vigilancia selectiva y persecución política que nos remite a los momentos más oscuros de nuestra historia", plantea el escrito.
"Durante el traslado de ciudadanos y ciudadanas que se dirigían a la movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner —ejercitando su derecho constitucional a la protesta— fuerzas policiales detuvieron varios ómnibus en rutas nacionales y accesos urbanos", sostuvo Moreau en el escrito presentado. En ese contexto, denunció que se llevaron adelante requisas sin respaldo judicial y se tomaron fotografías de documentos de identidad.
En ese sentido, citó el artículo 4° de la Ley 25.520, que prohíbe expresamente estas prácticas, incluso a los organismos de inteligencia. "El Estado no puede, bajo ningún pretexto, almacenar información sobre las personas por su pertenencia política, sindical o social", subrayó el legislador.
La denuncia solicita a la justicia que identifique a los funcionarios responsables de ordenar y ejecutar estos procedimientos y que se tomen las medidas necesarias para evitar su repetición. "No vamos a permitir que se normalicen prácticas autoritarias", expresó Moreau.
"Reafirmamos nuestro compromiso con una democracia plena, donde nadie sea perseguido por pensar distinto o por manifestarse en defensa de sus derechos", concluyó Moreau.
De confirmarse las denuncias, podría abrirse una causa judicial por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y violación a la Ley de Inteligencia Nacional. La denuncia busca así sentar un precedente frente a prácticas que, según sus impulsores, no pueden ser toleradas en un estado de derecho.
