Sin embargo, con el cambio anunciado en las últimas horas, la disolución de la AFIP y la creación de ARCA de cara a noviembre o diciembre probablemente se modificarán estos parámetros, ya sea para ajustar los montos totales de ingresos y egresos que obligan a las entidades y fintechs a suministrar información, o si, directamente, serán eliminados.
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El Gobierno anunció que la AFIP dejará de existir y será reemplazada por otro organismo de control. (Foto: archivo)
Actualmente, la AFIP establece que los saldos finales mensuales iguales o superiores a $700.000, al último día hábil del mes, también están sujetos a la obligación de reporte.
En caso de que se detecte una transferencia sospechosa, cuyo origen no pueda ser justificado, pueden generarse consecuencias graves.
Entre las posibles sanciones se incluyen:
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Multas, que varían según el monto de la operación y la gravedad de la infracción.
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Ajustes fiscales, donde la AFIP podría exigir el pago de impuestos adicionales si determina que hubo evasión.
Si el usuario no puede justificar total o parcialmente el origen del dinero, es probable que el banco emita un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) y lo notifique a la Unidad de Información Financiera (UIF).