Entre esas 400 cuentas, varias tienen depósitos mayores al millón de dólares, según publicó La Nación, en entidades financieras de Uruguay, Suiza, España, Italia, Alemania y Reino Unido. A partir de esto, el ente recaudador comenzará a notificar a los evasores: perderán los beneficios por adherirse al sinceramiento fiscal entre 2016 y 2017, y se les cobrará por lo no declarado todo, además de enfrentar multas e intereses. Además, perderán el beneficio de la extinción de la acción penal. Esto quiere decir que podrían enfrentar juicios.