Desde el Ministerio de Economía explicaron que la extensión de las alícuotas reducidas solo para trigo y cebada responde a la necesidad de garantizar su exportación, dado que la campaña de esos cultivos está en pleno desarrollo. La prórroga no alcanzó a los cultivos de verano como la soja y el maíz, cuya cosecha ya está avanzada.
En las semanas previas a la publicación del decreto, se aceleraron las declaraciones juradas de ventas al exterior. Desde la entrada en vigor de la rebaja temporal, el 27 de enero, se registraron exportaciones por más de 43 millones de toneladas de productos, lo que generó un ingreso de aproximadamente 5.000 millones de dólares en las últimas dos semanas.
Pese al impulso exportador, las entidades rurales manifestaron su preocupación. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) alertó sobre el impacto negativo de restablecer las alícuotas previas y pidió revisar la política tributaria hacia el agro. Por su parte, Coninagro calificó la decisión como “preocupante y desigual” y reclamó mayor previsibilidad para poder planificar las campañas productivas.
Preocupación en el sector agropecuario por el impacto en la comercialización
El impacto se reflejará especialmente en la comercialización del maíz, ya que el 45% del área todavía no fue cosechada, lo que significa que buena parte de la producción se verá afectada por las nuevas retenciones. Analistas del sector anticipan que la suba puede generar una retracción en la venta de granos en los próximos meses.
En cuanto a los cultivos invernales, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que el 72,7% del área de trigo ya está sembrada sobre un total proyectado de 6,7 millones de hectáreas. En cebada, la siembra alcanza el 50,8% de las 1,3 millones de hectáreas previstas. Estos cultivos, junto con la harina de trigo, seguirán tributando las alícuotas reducidas y representan ingresos estimados en 4.000 millones de dólares anuales.
El anuncio llega a pocos días del inicio de la tradicional exposición de La Rural, donde se espera la participación del presidente Milei. La medida se interpreta como parte del objetivo oficial de consolidar las cuentas públicas, pero abre un nuevo capítulo de tensión con el campo, que insiste en la necesidad de reglas claras y estabilidad tributaria para sostener la inversión y la producción.