Como se esperaba, el Senado aprobó por mayoría el proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio en la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis para uso medicinal y de investigación científica.

Cannabis: la posibilidad de una nueva industria para la economía argentina.
Como se esperaba, el Senado aprobó por mayoría el proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio en la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis para uso medicinal y de investigación científica.
Después de cuatro reuniones que involucraron a tres comisiones asesoras del cuerpo y donde participaron 30 expositores de organismos públicos, asociaciones civiles y productores, los senadores acordaron la media sanción con algunas modificaciones al original, principalmente relacionadas con la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
Ahora, el proyecto deberá ser tratado en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
La iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, que impulsa Matías Kulfas desde el Ministerio de Producción, deja en claro que la experiencia de otros países demuestra un mayor potencial de crecimiento para la industria de cáñamo y cannabis si está regulada por el Estado.
Por eso busca establecer un marco legal que autorice las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica.
El proyecto contempla la creación de una agencia reguladora, la ARICCAME, un nuevo organismo público que articulará la producción del cannabis. Su función será regular, administrar y fiscalizar toda la cadena; así como otorgar y administrar autorizaciones para producción y comercialización (en especial a pymes, cooperativas y economías regionales).
Se trata de un punto clave del proyecto ya que el Gobierno no quiere cometer el error de otros países donde se otorgaron “licencias sin criterio distributivo y se generó una concentración en la industria o maniobras con fines especulativos”.
De esta manera, el proyecto establece que:
Además, dispone que:
Este último punto tiene que ver con otro pedido realizado durante la sesión en el Senado, a través del cual se busca que la ARICCAME concurra periódicamente para informar al Congreso (en un lapso no determinado aún) y presentar sus avances y actividades.
De esa manera, según fuentes del legislativo, pretenden que no quede todo tan centralizado en Nación y que las provincias, a través de sus representantes, puedan dar seguimiento al tema.
Por otra parte, el presidente de la comisión de Agricultura del Senado, Adolfo Rodríguez Saá (PJ-San Luis), informó que se logró ampliar el Artículo 3° en donde se dice que: “De conformidad con lo previsto por la Convención Única de 1961 Sobre Estupefacientes de Naciones Unidas, quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley N° 23.737 y sus modificatorias, cáñamo, el cáñamo industrial y/u hortícola y sus producidos y/o derivados”.
En consecuencia, este agregado establece que: “En tanto, los cultivos autorizados dentro del marco regulatorio habilitado para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados previstos en la Ley 27.350 y el cannabis psicoactivo y derivados, contemplados en los artículos 1°, 8°, 12 y 25 de la presente, siempre que cuenten con la debida autorización estatal previa, no se considerarán estupefacientes a los fines de la ley penal ”.
Desde el Ministerio de Producción estiman que la industria cannábica en el país podrá generar cerca de 10.000 nuevos puestos de trabajo, 20% de ellos en sectores de inversión, desarrollo e innovación. Además, calculan US$ 500 millones en ventas al mercado interno y otros US$ 50 millones anuales en exportación para el año 2025. Es decir, la iniciativa promete convertir al cannabis en otro commodity de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne.
Después de la sesión, el ministro Kulfas declaró que "este nuevo marco normativo permitirá crear un nuevo sector económico, empleo, más producción y más trabajo”. Y agregó: "La industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial incorpora cerca de 200 productos y servicios asociados en su cadena de valor, es decir que abre una multiplicidad de opciones para desarrollar actividades de servicios y de producción en toda la Argentina".
Con este proyecto “vemos una gran oportunidad para todas las regiones de nuestro país, para desarrollar una amplia cadena productiva”, aseguró la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, la mendocina Anabel Fernández Sagasti. Y destacó la posibilidad de “generar empleo en cada provincia como algo muy importante para el país”.
Consultado por A24.com, el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Rubén Geneyro, aseguró que “nos genera gran expectativa ya que representa un paso estratégico para dar impulso a una industria con mucho futuro en el país, con impacto en las economías regionales”.
Cabe recordar que, vinculado a cannabis medicinal, el INTI ya está trabajando en la implementación de sistemas de calidad para los laboratorios productores y en el desarrollo en materiales de referencia que aseguran, por ejemplo, la calidad de los aceites con aplicaciones terapéuticas. “El uso industrial del cáñamo generará nuevas oportunidades para diversos sectores que el INTI podrá acompañar con desarrollos, asistencias técnicas y transferencia de tecnología", sostuvo Geneyro.
Por último, Pablo Fazzio, de la Cámara Argentina del Cannabis, remarcó que el objetivo de establecer un marco regulatorio es “impulsar el desarrollo de pymes y cooperativas para fomentar así el crecimiento de una industria nacional de cannabis medicinal y del cáñamo con eje en los emprendedores, las pymes, cooperativas y la sociedad civil”.
Según el emprendedor, desde la cámara acompañan el trabajo parlamentario para una pronta sanción de la ley. “Lo hacemos convencidos de que esta se transformará en una herramienta clave para incubar al sector, garantizar su despegue, sostenibilidad y proyección internacional”, explicó.