El juez Daniel Rafecas avaló el proceso de licitación de la Hidrovía

Las denuncias en la Justicia

La disputa judicial se centra en el proceso para las tareas de dragado, señalización y balizamiento de la Hidrovía, una vía estratégica para las exportaciones argentinas.

La diputada Marcela Pagano denunció supuestas irregularidades en la confección de los pliegos y afirmó que las condiciones fueron diseñadas para dejar afuera a compañías chinas con presencia internacional en el sector. También apuntó contra el Grupo Neuss, encabezado por Juan y Patricio Neuss, al señalar que en pocos años pasó a convertirse en uno de los principales beneficiarios de concesiones y privatizaciones estatales.

Según la presentación, la empresa Jan de Nul figuraría formalmente como oferente, aunque el Grupo Neuss controlaría la mitad del negocio mediante subcontratos no informados.

Por su parte, Fernando Míguez, titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, cuestionó uno de los requisitos técnicos de la licitación. Sostuvo que la exigencia de alcanzar de inmediato un calado de 44 pies solo podría ser cumplida por Jan de Nul, lo que, según afirmó, limitaba la competencia y favorecía a un único oferente.

El rechazo de Marijuan

Las presentaciones reclamaban una medida cautelar de no innovar para detener todos los pasos de la licitación mientras se investigaban los hechos denunciados.

Sin embargo, el lunes pasado Marijuan ya había rechazado ese pedido al considerar que no estaban acreditados los requisitos necesarios para una decisión de esa magnitud. En su dictamen sostuvo que no se comprobó “la verosimilitud del derecho invocado ni la arbitrariedad manifiesta del obrar administrativo”, y agregó que tampoco se demostró un “peligro concreto en la demora”.

El fiscal explicó que las medidas cautelares solo proceden cuando existen pruebas urgentes y concretas de que la continuidad del proceso podría generar un daño irreparable para el denunciante o para el Estado.

La ratificación de Rafecas

Rafecas respaldó ese criterio y señaló que las denuncias describen hipótesis sobre hechos futuros, pero que la causa aún se encuentra en una etapa preliminar sin evidencia material suficiente para justificar la suspensión de la concesión.

El magistrado recordó además que las cautelares "son remedios procesales de aplicación restrictiva", que requieren acreditar simultáneamente la apariencia de derecho, el peligro en la demora y la presentación de garantías suficientes.

En ese contexto, consideró que tanto la denuncia de Pagano como la de Míguez no lograron superar el estadio inicial de sospecha y remarcó que no existen pruebas concretas que permitan avanzar con una decisión de fuerte impacto sobre el funcionamiento administrativo del Estado.

El fallo también menciona antecedentes recientes del fuero federal de Santa Fe, donde otros planteos vinculados con la misma licitación ya habían sido rechazados.