Torres también apuntó contra el accionar de la jueza Preska, al considerar que “por ignorancia, no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF”. En ese marco, denunció tanto “la demagogia kirchnerista” como “el atropello judicial” que, a su criterio, atentan contra los intereses de Chubut.
Críticas a las gestiones anteriores y reparto desigual
El gobernador también cuestionó la falta de formalización del acuerdo firmado en 2012 entre Nación y las provincias, al asegurar que “nunca fue enviado a la Legislatura provincial para su aprobación”, lo que habría dejado sin sustento legal la distribución de acciones.
Según Torres, esa omisión permitió un reparto desventajoso para Chubut: “Mendoza se llevó el 20% y a Chubut, que desde hacía varios años era la primera productora de petróleo del país, le dieron solamente el 8%”. Aseguró que esa asignación fue producto de una negociación “desprolija” y con escasa defensa de los intereses provinciales.
En esa línea, el vicegobernador Menna remarcó que “la ley de 2012 dispuso que el 49% de las acciones de YPF expropiadas pasaran a manos de las provincias productoras” y advirtió que hoy “las acciones de Chubut están embargadas por una jueza que no reconoce que no somos parte ni deudores en ese juicio”.
Por su parte, la diputada Ana Clara Romero expresó que, además de su labor legislativa, acompañará el reclamo ante la Corte neoyorquina: “Nos vamos a presentar ante la jueza Preska para pedir el levantamiento del embargo y defender lo que es nuestro”.