Contraataque: cómo será la estrategia judicial K en el último tramo del mandato de Macri
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Contraataque: cómo será la estrategia judicial K en el último tramo del mandato de Macri

Cuando termine la feria judicial, los abogados de imputados kirchneristas Carlos Beraldi, Graciana Peñafort Maximiliano Rusconi, entre otros, irán a encarar a las distintas cabezas del Estado para denunciar diversos y “absurdos avatares” que sufren por defender a ex funcionarios del anterior gobierno. Los abogados están llenos de ejemplos de “barbaridades” que los jueces de Comodoro Py han hecho “en nombre de la corrupción” y ya no se quieren callar más.

Su carta de presentación del tema es un documento que ya empezaron a hacer circular. Piensan pedirle al Congreso, a la Corte Suprema, a la Cámara de Casación Penal, al Colegio de Abogados y al ministro de Justicia Germán Garavano que se hagan cargo de la situación.

Entre los argumentos centrales del documento los letrados denuncian una crisis de administración de la Justicia, que incluye a un grupo de jueces como protagonistas que actúan en causas de trascendencia mediática y adoptan decisiones que no se ajustan al derecho.

Es muy probable que el texto contenga la carga valorativa propia de quienes están en posiciones incómodas frente a la ley. Pero aún con esa hipotética limitación y más allá de situaciones puntuales, tanto de jueces, fiscales o imputados, la presentación en período de gestación tiene un componente democrático nada despreciable, porque se encolumna dentro de varias iniciativas que buscan colocar la discusión sobre la cuestión judicial en el centro de la agenda pública. Se abre la posibilidad de debatir qué hacer con una justicia que funciona mal y que carece de credibilidad en la sociedad.

Además, más allá de los intereses específicos que lo atraviesan, los ejes centrales del texto no son novedosos, ya que colocan sobre el tapete viejos rasgos de la justicia: la administración de los tiempos, la doble vara, los amiguismos, las lealtades con el gobierno de turno y el uso de la ley como arma. Nada que, por ejemplo, no se haya advertido desde este espacio. Pero es muy importante que prestigiosos abogados contribuyan a calibrar la importancia y la incidencia de la justicia en la vida pública, tanto frente a la corrupción, como la inseguridad y los derechos humanos.

Los avatares

Los abogados de los kirchneristas complicados en la justicia hablan de “silenciosas injusticias” que van sucediendo, mientras las causas avanzan.

Una vez más, como periodista me veo en la necesidad de aclarar que en este espacio no quiero discutir la culpabilidad o inocencia de los funcionarios kirchneristas en cuestión. Lo que me interesa es analizar por qué la actuación de varios jueces de las distintas instancias de Comodoro Py hace crujir la legitimidad de los procesos judiciales que los involucran. De hecho, la culpabilidad o inocencia de cada imputado es un deber que la Justicia adeuda tanto en tiempo como en forma. Y lo que los abogados denuncian se puede escuchar en cualquier pasillo de tribunales de la boca de familiares de “ladrones de gallinas” procesados.

Pero no se puede pasar por alto, que tras la hiperactividad que hubo de causas contra funcionarios kirchneristas cuando asumió Macri hubo demasiadas “irregularidades”, que incluso ni siquiera “le sirven” a quienes quieren ver tras las rejas a esos  funcionarios. Sobre todo, porque el tiempo tiende a poner las cosas en su lugar. Puede pasar que hasta el mayor responsable real de casos de corrupción, zafe porque se lo juzgó mal, ya que la Constitución exige juicios justos, más allá de los enjuiciados.

Enumerarlas sería una quimera. Pero si uno simplemente se pone a googlear saltan casos, al menos cuestionables, de todo tipo. Repasaremos aquí algunos seleccionados al azar.

El más inhumano fue el que sufrió el ex canciller Héctor Timerman. El 7 de diciembre de 2017 el juez Claudio Bonadio lo procesó por traición a la patria y encubrimiento agravado en la casa del Memorándum con Irán y le dictó arresto domiciliario. También lo autorizó a viajar a Estados Unidos a hacerse el tratamiento. Pero, como relató su abogada Graciana Peñafort en el Cohete a la Luna, Timerman, quien sufre un cáncer avanzado, debía viajar en enero de este año a Estados unidos para hacerse un tratamiento imprescindible. La prisión preventiva aplicada tanto por Bonadio como por la Sala II de la Cámara determinó que su visa de ingreso a Estados Unidos fuese dada de baja. El visado “humanitario” solicitado por sus abogados tardó más de dos meses en llegar.  Ya era demasiado tarde para viajar.

Sobre el Memorándum con Irán hay otra cuestión que no se ajusta al derecho: Bonadio se ha negado a citar como testigo al ex secretario general de Interpol Ronald Noble (que beneficiaría a los imputados según los abogados), a pesar de que él mismo pidió hacerlo.

En un escrito, Noble dice que el fiscal Alberto Nisman menciona en más de diez oportunidades que fue él, como Secretario General de INTERPOL, quien impidió que se levantaran las notificaciones rojas en el caso AMIA. “La denuncia afirma que el entonces ministro Héctor Timerman intentó en septiembre y noviembre del 2013 convencer a Ronald Noble para que ceda y autorice el cese de las notificaciones rojas. Le adelanto que mi testimonio no coincidirá con la denuncia”, escribió.

El 26 de diciembre de 2017, desde el juzgado de Bonadio se comunicó mediante un escrito que no harían lugar a la medida (de aceptar el testimonio de Noble) y que la misma “podrá ser producida durante el juicio”.

Con Bonadio los abogados de los kirchneristas han encontrado más de una situación en la cual sostienen que “decidió alejado del derecho y de la ley”. Fuentes consultadas por A24.com, afirman que basta ver cómo el magistrado apuró el procesamiento y prisión preventiva de Roberto Baratta, la mano derecha de De Vido, con una “pericia trucha”.

La hipótesis delictual del juez se basó, entre otras cuestiones, en el peritaje realizado por el Ingeniero David Cohen cuyo resultado arrojó que el precio por el que se abonó el GNL habría sido a valores superiores a los de mercado, generando así un perjuicio económico a las arcas del Estado de aproximadamente seis mil novecientos noventa y cinco millones novecientos veintiséis mil setecientos noventa y ocho dólares.  

Esto fue tan cuestionado que incluso Cohen admitió en su indagatoria que se equivocó en su pericia sobre el Gas Natural Licuado y reconoció que copió gran parte del texto. Esa pericia había servido tanto como para el fiscal Carlos Stornelli como para el juez Claudio Bonadio para imputar y encarcelar a Baratta y De Vido.

De hecho, la pericia "trucha" en la que se basó Bonadio fue objetada por unanimidad por expertos en el mercado del gas, incluso por aquellos que detestan la política de De Vido en esa materia. Ya el 29 de octubre de 2017, el colega Carlos Pagni advirtió “la debilidad del peritaje puede voltear toda la causa, consagrando una irritante impunidad”.

El juez Ariel Lijo también tuvo sus “desprolijidades”. Una de las más burdas fue cuando el 3 de noviembre de 2017, sin haber dictado ningún procesamiento, ordenó detener y encarcelar a Boudou acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos. En ese fallo el juez no justificó por qué lo detenía. Se limitó a invocar los argumentos que el camarista Martín Irurzun convirtió en doctrina: Boudou podría tener información relevante, contactos y capacidad de acción como para obstaculizar el proceso de investigación judicial.

Pero el juez no explicó qué relaciones de Amado Boudou permitirían obstaculizar la causa. Tampoco qué cosas cambiaron en la causa por las que consideró que Boudou tenía más poder como ex funcionario que cuando era vicepresidente, dado que esa causa estuvo en manos de este magistrado desde 2012 cuando, sin dudas, Boudou tenía mucho más poder que ahora. La frutilla del postre que indignó a la defensa de Boudou fue que encima de que detuvo a su representado con “flojera de papeles”, el magistrado se fue de vacaciones por un largo rato apenas tomó la decisión.

Otra sobre la “flojera de papeles” del juez Lijo para juzgar a Boudou fue en la causa Ciccone de la que ya nos encargamos de comentar hace unos días en este espacio

Algo que quizás pasó por alto para la mayoría del mundo judicial fue el procesamiento dictado el 10 de julio de 2017 por el juez Luis Rodríguez a Martín Sabbatella por la entrega irregular de dinero a organizaciones kirchneristas cuando era titular de la AFSCA.

Rodríguez lo hizo pocos días después de que en la indagatoria del 5 de julio de 2017, Sabbatella había dicho ante el magistrado: “voy a ampliar mi declaración en los próximos días ahora que conozco concretamente la imputación”.

A Sabbatella además lo procesaron por la entrega irregular de dinero a organizaciones kirchneristas. Pero sus abogados explican que “las supuestas irregularidades respecto a la rendición de gastos no son responsabilidad de Sabbatella y Conde, toda vez que al finalizar la gestión de Sabbatella en la ex AFSCA las rendiciones de gastos de los cinco convenios estaban aún en etapa de revisión sin haber sido aprobadas por la Autoridad Administrativa, y mucho menos por los aquí imputados...desconociendo si la gestión posterior aprobó o no las rendiciones presentadas”.

Elisa Carrió, por ejemplo, denunció en el año 2008 a Cristina y Néstor Kirchner,Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y compañía por irregularidades en la implementación de obras públicas. Todos los hechos que denunció Carrió habían ocurrido antes de la fecha de la denuncia. Sin embargo, ese proceso permaneció en modo “suspendido” hasta el año 2016. A partir de allí se reactivó y desembocó en el procesamiento de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. A pesar de algunos esfuerzos individuales, la causa avanzó diez años después.

Un “avatar” más reciente es aquel relacionado con el sobreseimiento del juez de Casación Juan Carlos Geminiani por haber ordenado detener y mantener incomunicada a la secretaria María Amelia Expucci en un “destacamento container” de Comodoro Py. Sus “camaradas” Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens consideraron que no hacía falta ni siquiera indagar, a pesar de los pedidos de la fiscal Paloma Ochoa.

Podría seguir. Ejemplos sobran. Lo que podemos inferir es que ninguno de estos casos es claro. Todos tienen algún “tufillo” que mella su credibilidad. Concretamente, lo que ensucia los casos y lo que ensucia la ley es un mecanismo del que se sirve cualquier persona que tenga capacidad para usarlo. Y en Comodoro Py, lo usan para destruir.

La Justicia, o mejor dicho algunos de los jueces que tienen las causas de corrupción política más trascendentales, integraron e integran una máquina que destruye y usa el disfraz de la ley para justificar sus decisiones. Quizá para muchos ciudadanos “los k se lo merecen”. Quizá para otros ciudadanos la cuestión les parece lejana. Quizá otros ciudadanos piensan que después de todo se “está haciendo justicia al fin y al cabo”.

Pero en cualquiera de esas alternativas,el factor común es que el sistema judicial no es imparcial, tuerce los hechos y hace una justicia diferente a la de la Constitución.

Si dicha tendencia persiste, estamos cada vez más lejos de la apuesta democrática asentada en el gobierno de la ley y nuestra propia democracia se parece, cada vez más, a una cáscara vacía para la que somos ciudadanos formales, pero todas víctimas potenciales de lo que pueden llegar a hacer quienes pueden aplicar la ley
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Este es el problema real. Por eso la cuestión judicial nos afecta a todos. Un día, te puede tocar a vos o a alguien que querés.

La cuestión es compleja porque, a veces, las decisiones de los magistrados coinciden con la ley. Pero, aún en ese caso, no deja de ser un mecanismo cuestionable porque, por ejemplo, muchos de los casos de corrupción que están siendo juzgados o por ser juzgados han demorado años y recién son sancionados diez años después con las mismas pruebas. Ese rasgo aleja las causas de la Constitución y las acerca a lugares no queridos por ella.