Poder Judicial

Gasoductos y aviones: la trama oculta del fallo que alivió al Gobierno y el nuevo capítulo de una investigación que preocupa

El juez Rafecas investigó rápido y archivó la causa del gasoducto para dejar claro que no se presta al juego político. El caso del avión tiene una semana en la Justicia.
Rosario Bigozzi
por Rosario Bigozzi |
Gasoductos y aviones: la trama oculta del fallo que alivió al Gobierno y el nuevo capítulo de una investigación que preocupa

Sacarse ese peso de encima no alcanzó para dar un respiro al oficialismo, que no logra esquivar el malestar por las sospechas que recaen en el avión de origen iraní incautado en Ezeiza, y sus 19 tripulantes.

Lo cierto es que son temas muy calientes para la política, y la Justicia lo sabe.

En el caso del Gasoducto, fuentes del caso admitieron ante A24.com que el juez Rafecas “nunca se prestó al juego político y mediático”. Fue así que apretó el acelerador y en menos de dos semanas determinó que no había delito. Incluso lo dejó claro en su fallo al expresar que “la Justicia Federal no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas”.

Por el lado de la causa del avión iraní, el expediente se inició el lunes 13 a las 23 horas, a partir del allanamiento al Hotel donde se aloja la tripulación, con la consecuencia del secuestro de sus pasaportes, teléfonos celulares, computadoras, pendrives y otra documentación. Desde ese momento hasta ahora se tomaron más de 35 medidas de prueba. Además, el juez federal Federico Villena dispuso trabajar en el tema durante todo el fin de semana, principalmente enfocados en la caja negra del avión. El sábado analizaron la caja negra y ordenaron la devolución de los teléfonos a los venezolanos.

El archivo de la causa del gasoducto Néstor Kirchner

El juez federal Daniel Rafecas dictó el archivo de la causa que investigaba presuntas irregularidades en las contrataciones para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Este resultado se veía venir, después de que el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, negó tener conocimiento de algún acto de corrupción, y justificó sus declaraciones como parte de una interna política.

Por su parte, el extitular de la Unidad Ejecutora de Enarsa, a cargo del proyecto del gasoducto, Antonio Pronsatto, rechazó haber sido objeto de tráfico de influencias o negociación incompatible por parte de algún funcionario para beneficiar a una empresa en la licitación. También dijo que renunció a su cargo por las continuas demoras en la toma de decisiones que dependían de otros organismos, y, defendió el uso de caños de 36 pulgadas, como los más adecuados para la obra.

Cuando llegó el turno de los expertos, explicaron que el gas es fluyente, por lo tanto no se puede almacenar. La única forma de extraer y transportar grandes volúmenes de gas es a través de un gasoducto. Todos coincidieron en la necesidad de avanzar en la obra para proyectar la ampliación en la extracción y transporte de gas.

Los entendidos que contribuyeron a aclarar el tema al tribunal y al Ministerio Público fiscal, pertenecían a las empresas Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral, Transportadora Gas del Norte, de Transportadora Gas del Sur, de ENARGAS y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Las audiencias fueron grabadas y quedaron a disposición para ser vistas por quien lo desee en la cuenta youtube del Juzgado Federal número 3.

Once días después de recibir las denuncias penales, el magistrado concluyó que no hubo “direccionamiento” de la licitación para favorecer a la firma “Techint”, como tampoco se detectaron irregularidades en las especificaciones técnicas del pliego de licitación.

Sobre este aspecto, el dictamen señaló que el transporte de gas mediante caños con 36 pulgadas “resulta indiscutiblemente el más eficiente en términos de costos, capacidades y tiempo de construcción, en especial frente al de 30 pulgadas: con sólo considerar que el tendido de gasoducto aumentaría de 560 km a unos 980 km, con las correspondientes complicaciones en materia de duplicación de válvulas, soldaduras y cámaras compresoras”.

Con relación al posible empleo de chapa naval sostuvo que los expertos dejaron en claro que “las tuberías de gasoductos no pueden fabricarse de cualquier material, sino de uno especial, compuesto de acero y carbono, y con una aleación de manganeso, silicio y otros componentes especiales, que le dan a la chapa una resistencia requerida”.

Asimismo, el fallo entiende que no hay fabricantes en la Argentina de válvulas de tan alta complejidad tecnológica, de modo tal que no resultaría de aplicación la Ley de Compre Nacional. Precisamente esta licitación el mismo jueves quedó desierta, porque ninguno de los oferentes se comprometía a cumplir con los plazos exigidos por el pliego.

El juez Rafecas se ocupó de dejar sentado que actuó “con la máxima premura en pos de desentrañar los sucesos y arribar a una conclusión, puesto que, como representante del Poder Judicial de la Nación en esta causa, tuve plena conciencia, desde el primer momento, de la enorme trascendencia del asunto, de la importancia estratégica que este gasoducto tiene desde el punto de vista energético y para la economía nacional (debido a la sustitución de importaciones de gas)".

Agregó que “si hay algo que nunca debería hacer la Justicia, es constituir un factor de distorsión, de entorpecimiento o de interferencia en políticas públicas, cuando sea llamada a intervenir a partir de la formulación de denuncias que, a poco de andar, se revelan como inconducentes para sostener un caso penal”.

A24.com averiguó que este último fundamento fue el que más influyó en la rapidez del tribunal para resolver este sumario, porque si bien priorizó la importancia estratégica del gasoducto, las denuncias que promovieron la investigación fueron consideradas endebles e improvisadas.

Recordemos que la primera denuncia fue del abogado Santiago Dupuy de Lome, y luego se sumaron otras dos de los diputados Graciela Ocaña y Waldo Wolf, y de la Fundación Apolo.

No obstante, esta no sería la primera vez que Rafecas actúa sin pérdida de tiempo. Las mismas fuentes remarcaron que sucedió algo parecido con el Memorándum con Irán y LEBACS.

Las dudas sobre el avión irani y sus tripulantes

El juez federal de Lomas de Zamora, con jurisdicción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Federico Villena, tiene a su cargo la causa por el avión iraní varado en Argentina, en la que dispuso secreto de sumario.

En rigor, el expediente se abrió el lunes pasado, con la retención de los pasaportes de los 19 tripulantes, y el allanamiento en el que se incautaron sus teléfonos celulares y otras pertenencias. Desde ese momento hasta ahora se tomaron más de 35 medidas de búsqueda de pruebas, entre ellas el secuestro de la aeronave y las cajas negras.

La información extraída digitalmente de las cajas negras será analizada por ingenieros especializados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El magistrado dispuso trabajar todo el fin de semana para intentar averiguar si hubo delito al permitir ingresar al avión y su tripulación al país, y sobre todo si el vuelo estaba destinado a traer autopartes a Córdoba como informó la compañía venezolana Emtrasur, o escondía una presunta operación de contrabando o inteligencia terrorista.

Los 5 iraníes y los 14 venezolanos que viajaban en el Boeing 747-300 aún no declararon ante el Tribunal. El lunes fueron notificados de que eran objeto de una investigación judicial y que les iban a retener sus documentos. De este modo no podrán salir legalmente del país.

El avión de Emtrasur, que originalmente pertenecía a la aerolínea irani Majan Air, terminó varado en Ezeiza porque ninguna de las compañías de combustibles argentinas le quieren vender combustible, para evitar sanciones comerciales, teniendo en cuenta que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo vetó por su vinculación con el terrorismo.

A pesar de que el avión había arribado al país el 6 de junio pasado, la Justicia recién tomó conocimiento de este caso el lunes cuando recibió el aviso de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Por otra parte, el abogado de la Compañía Aérea Venezolana, Rafael Resnick Brener, presentó un pedido de hábeas corpus, que fue rechazado por abstracto.

En su defensa, aseguran que los 19 tripulantes estaban completando una serie de capacitaciones, como parte del traspaso del avión de Majan Air a Emtrasur.

Otro aspecto de la pesquisa apunta a determinar si el el piloto Gholamreza Ghasemies es miembro de una fuerza terrorista Quds, o se trata de un homónimo.

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