Entre los argumentos esgrimidos en el dictamen al que accedió Télam, De Luca resaltó que el mismo fiscal que apeló la decisión con la que fue beneficiado Boudou en el marco de la pandemia del coronavirus, se había expresado antes a favor del “cese mismo de esa prisión preventiva (excarcelación) del condenado por no encontrarse firme la sentencia y por ausencia de riesgos procesales o de fuga, circunstancias que no variaron”.
Boudou está condenado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública a 5 años y 8 meses de prisión, en un fallo actualmente apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y comenzó a cumplir la pena el 16 de septiembre pasado, tras la confirmación del fallo en Casación.
En su dictamen, De Luca también recordó que en el fallo del 6 de abril el juez Obligado aclaró que el representante del Ministerio Público Fiscal en su dictamen previo ya había indicado que "la circulación de este virus como pandemia y el peligro que ello representa para cualquier detenido resulta sí un factor que estamos llamados a considerar para dictaminar en relación a excarcelaciones o ceses de prisión preventiva”.
En ese contexto, remarcó De Luca, “el juez analizó la situación personal del imputado y concluyó que la falta de firmeza de la condena impuesta y el contexto de la emergencia sanitaria en su núcleo familiar incrementaba los riesgos de Amado Boudou, por lo que decidió morigerar su encierro, a una prisión domiciliaria”.