En la Argentina hay una carta que nos invita a ser parte de un colectivo. Esa carta es la Constitución. Su “preámbulo” condensa las grandes promesas. Entre ellas, está la de “afianzar la Justicia”, que allana el camino para convivir en sociedad.
En la Argentina hay una carta que nos invita a ser parte de un colectivo. Esa carta es la Constitución. Su “preámbulo” condensa las grandes promesas. Entre ellas, está la de “afianzar la Justicia”, que allana el camino para convivir en sociedad.
Esa promesa no genera obligaciones solo para los gobiernos. Hacerla efectiva es un deber de todos. Pero los oficialismos tienen que predicar con el ejemplo para hacerla real.
El gobierno de Cambiemos, que encarnó la idea de una mejora institucional que reclama la gran mayoría de los ciudadanos, arrancó mal y termina mal.
Una de sus primeras fotos fue la designación de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por decreto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Después lo corrigió. Pero fue una poderosa marca de agua en la política de Cambiemos frente a la justicia.
En este espacio se han narrado movimientos de fiscales y jueces destinados a incidir en el curso de expedientes. También las persecuciones a algunos de ellos y las protecciones para otros. No vale la pena repetirlos.
La semana pasada, tras las escuchas de “la operación puf”, se habló de la subordinación del derecho constitucional a la intimidad a estrategias de propaganda. Ningún ciudadano, aunque crea lo contrario, gana algo cada vez que se degradan los derechos constitucionales.
Basta repasar nuestra historia reciente para cotejar qué pasa cuando la Constitución no rige en plenitud. El siglo XX nos suministra ejemplos tremendos sobre el punto. Las experiencias de los fascismos y de los socialismos realmente existentes se caracterizaron por despreciar los derechos derivados de las revoluciones burguesas.
Pero la sociedad civil y algunas instituciones empiezan a reaccionar. El Colegio de Abogados, por ejemplo, pidió una entrevista con el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz por el affaire escuchas. Rosenkrantz escuchó.
En las universidades se habla cada vez más del tema y las redes sociales son un valioso termómetro para medir la temperatura del fenómeno.
Institucionalmente, sólo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) aportó, hasta ahora, claridad al asunto.
Mediante un duro informe firmado por los jueces Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, dirigido a todos los ministros de la Corte Suprema, la Dirección se pronunció sobre la filtración de las escuchas de los presos vinculados al anterior gobierno. En el mismo, afirman que se evidencia que existen vulnerabilidades en la cadena de custodia fuera del ámbito de la Dajudeco.
Veamos sus principales puntos.
Además agregan que la intervención de la Dajudeco es un eslabón dentro de la cadena de custodia que debe regir en cualquier intervención. Su participación comienza con el ingreso de la orden del juez y finaliza con la entrega del CD con el audio de la intervención al juez o a quien este designe. “Luego es responsabilidad de los jueces y de quienes actúan como sus auxiliares... velar por la continuidad de esa cadena de custodia”.
En el informe, hay un fragmento de una nota que le enviaron a la Corte el 14 de febrero de este año. En la misma sugieren, entre otras cosas, evaluar la pertinencia de las fuerzas de seguridad u organismos seleccionados. “Cuando un juez dispone que una fuerza de seguridad o la AFI cumplan la función de escuchar o transcribir escuchas telefónicas, su tarea como auxiliares del juez se encuentra bajo la responsabilidad del magistrado porque es quien la ordenó. La AFI no puede realizar inteligencia con el material obtenido en su rol de auxiliar de la justicia”, agregan.
El jueves pasado, en “Dos justicias” de A24.com, se publicó el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las escuchas en la Argentina. Allí se advierte, entre otras cosas, la necesidad de crear “un sistema que se ajuste a las mejores prácticas internacionales, en virtud de lo cual los investigadores no reciban todo el contenido de las líneas interceptadas, sino sólo las partes pertinentes para las investigaciones y que las transcripciones sean realizadas estrictamente por funcionarios que no formen parte de los equipos de investigación”.
Mientras tanto, otros sectores del Estado y la dirigencia política se mueven de manera contradictoria y sin captar la magnitud del problema.
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, fue citado esta semana por el Congreso. La Comisión Bicameral de seguimiento del Ministerio Público le pidió que rinda cuentas por el “affaire” Stornelli que, a esta altura, es inexplicable. Poco dijo. Solo formalismos que pretendieron justificar sus tenues movimientos.
El cuestionado fiscal Carlos Stornelli, por su parte, no se privó de fotografiarse con el presidente de la nación y otros funcionarios en medio de un acto que poco tenía que ver con la Justicia. Quien lo investiga, el juez Alejo Ramos Padilla, fue denunciado por el Poder Ejecutivo de una manera muy peculiar, que algunos llaman hostigamiento.
Para colmo de males, le negaron conocer los elementos en que se apoya la acusación en su contra, a pesar de haberlos solicitado. Finalmente, ayer Miguel Pichetto dispuso que pueda acceder a las mismas.
En este contexto, los dirigentes deberían predicar con el ejemplo. Pero, salvo por la de unos pocos, sus acciones muestran lo lejos que estamos de hacer efectiva la promesa de “afianzar la Justicia”.
