El juez que tiene a su cargo la denominada “Causa Cuadernos” cuestionó al fiscal Jorge Di Lello, quien consideró que la denuncia contra Smartmatic debía ser investigada por un juzgado penal y no por el electoral a cargo de la magistrada María Romilda Servini.
La causa se inició por denuncia del abogado y ex precandidato a jefe de gobierno porteño por una de las vertientes internas del Frente de Todos, Leonardo Martínez Herrero, quien advirtió que las condiciones de contratación de Smartmatic “podrían configurar un fraude a la administración pública con finalidad electoral, en tanto deberían tener efecto en el llamado escrutinio provisorio”.
“Nada de lo denunciado por el denunciante ha sucedido hasta hoy”, replicó.
Bonadio subrayó que cuando se radicó la denuncia el fiscal Di Lello aceptó la competencia en materia electoral, pero “el 26 de septiembre de 2019, ya pasadas las PASO sin mayores inconvenientes, entendió, contrariamente a lo que había sostenido un mes y medio atrás, que no resultaba competente para tramitar el expediente que instruyó sin observaciones”.
“Rechazaré la competencia atribuida, ya que lo aquí denunciado se dirige a cuestionar el proceso del escrutinio provisorio que se realizará con la empresa Smartmatic SA., que resta aún evaluar en los actos electorales que aún quedan por desarrollarse”, proclamó Bonadio.
Más aún, alertó que el Código Nacional Electoral establece que “si en el marco de los procesos previstos en las leyes electorales, se evidenciara o fuese denunciada la posible comisión de un delito tipificado en el Código Penal o sus leyes complementarias, su investigación estará a cargo del juez federal con competencia electoral correspondiente”.
La decisión de Bonadio dejó trabada la cuestión de competencia. En tan escenario, será la Cámara Federal –el tribunal de alzada común entre Bonadio y Servini- quien resolverá qué juez se quedará finalmente a cargo de la denuncia.