El último día de 2017, hace ya casi un año, se realizó el censo carcelario más reciente. Se registraron 85.283 presos en el sistema penitenciario, sin contar a los presos en instituciones policiales ni aquellos con libertad condicional. Si bien ese número aumenta año a año, eso puede responder al crecimiento poblacional. Para entender si efectivamente hay más presos, hay que relacionarlo a la población total de cada año.
Por eso, si comparamos la relación entre la cantidad total de reclusos y las proyecciones poblacionales del INDEC, se puede ver que el país está en un máximo histórico: cada 100.000 habitantes hay 194 presos, la cifra más alta al menos desde 2003. Todo esto es según los censos realizados por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
A su vez, esto afecta la calidad de vida de aquellas personas privadas de su libertad. Ya van cuatro años que las cárceles registran sobrepoblación, o sea, que alojan más personas de las que legalmente tienen capacidad para recibir. Para que se entienda: si una cárcel puede alojar a 100 personas pero en realidad aloja a 115, tiene un 15% de sobre población.
Es un problema que creció rápidamente en los últimos dos años: en 2015 fue de 6,2% y en 2016 del 12,3%. Se duplicó de un año al otro. A pesar de ese rotundo crecimiento, en 2017 siguió creciendo y alcanzó el máximo de 15,1%, solo comparable con la sobrepoblación de 2004 (14,5%).
En 2017, el 54,4% de los reclusos tenían condena y el 45% estaban presos pero todavía atravesaban su proceso judicial. Es un síntoma de mejora en el sistema judicial, en comparación con años anteriores.
Sin embargo, vale destacar que entre el primer y el último censo casi se duplicó el porcentaje. En 2003 fue de 12,4% y en 2017, de 24,5%.
