Este martes se tratará el proyecto de ley de diputados de Cambiemos para que los condenados por corrupción no puedan ser candidatos.
Este martes se tratará el proyecto de ley de diputados de Cambiemos para que los condenados por corrupción no puedan ser candidatos.
Concretamente, en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia se debatirá si la iniciativa debe alcanzar no solo delitos de corrupción sino también aquellos que atentan contra la integridad sexual, lavado de dinero, lesa humanidad, entre otros.
En estas elecciones hay al menos un candidato con condena: el ex ministro de Planificación K Julio De Vido. De Vido fue condenado por la Tragedia de Once, enfrenta juicios en estado avanzado (compra de chatarra ferroviaria y Obra Pública) y tiene varios procesamientos en otros expedientes. Hoy se postula como candidato a diputado por el Frente Patriótico de Liberación Nacional con Santiago Cúneo.
Quizás el caso de De Vido llama la atención por la cantidad de acusaciones en su contra y el estado avanzado de las mismas. Pero no es el único.
El ex presidente Carlos Menem ocupa una banca en el Senado desde hace más de doce años. A pesar que durante todo ese tiempo, enfrentó acusaciones, procesamientos e incluso condenas. Nada de ello afectó sus chances de ser reelecto.
Si miramos candidatos con procesamientos en nuestra historia la lista se alarga: Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Sergio Varisco, entre otros.
En este contexto, al menos dos preguntas se imponen en un marco contextual complejo. Empiezo por aquí. Antes de 1994 cuando la Constitución era la ley máxima de nuestra organización política, la ley resolvía sin problemas estos puntos. Se establecía que los condenados no tenían derechos políticos. Punto.
Cuando se incorporaron a la carta magna los tratados internacionales de derechos humanos, la cosa cambió. La regla pasó a ser que las condenas debían estar firmes. Y la justicia es demasiado lenta.
Aquí nacen los dos preguntas ¿es ético que un condenado o procesado compita?, ¿es legal?
La ética entendida en términos kantianos, es decir actuar pensando que nuestra acción pueda ser considerada ley universal, rige poco entre los argentinos. Mauricio Macri fue electo presidente y Cristina Kirchner senadora con procesamientos en sus espaldas. De modo que el “deber ser” no es un insumo corriente entre nosotros.
La segunda tiene que ver con la ley positiva. ¿Se puede negar a quien no fue condenado competir por los asuntos comunes?
La primera tiene varias aristas. Entre ellas, la relación conflictiva que tenemos los argentinos con la ley. Nos cuesta cumplir reglas de tránsito y pagar impuestos, veneramos ídolos populares que cometieron delitos, un 71% no confía en la Justicia. Esperamos poco porque vivimos y toleramos micro prácticas alejadas del cumplimiento de la ley cada día.
Además, aunque no sean cosas incompatibles, los argentinos las volvemos así y muchos consultados para esta nota plantean que un país con eternas crisis económicas y más de un 30% de pobreza , la ética no lidera nunca los rankings de prioridades. De hecho, lo dicen las encuestas.
La segunda respuesta también tiene varios planos. ¿Es saludable que se discuta el tema? Claro que sí. ¿Tiene riesgos que haya una ley que prohiba a condenados ser candidatos? Sí, en argentina la justicia es injusta. Y hay muchos juicios sospechados. ¿Entonces qué hacemos?
Las respuestas no son claras pero algún día deberemos dejar de navegar en aguas grises y empezar a definir qué ríos son navegables y cuáles no.
Los legisladores tienen una magnífica chance de empezar ese debate para perseguir un objetivo deseable, reconciliar la ley con la ética.
