La Cámara Federal confirmó los procesamientos del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y la ex presidenta de la Casa de Moneda Katya Daura por presuntas "negociaciones incompatibles", en la investigación por la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica. En tanto que dictó la falta de mérito para el banquero Jorge Brito, Máximo Eduardo Lanusse y Francisco Martín Squera.
En esta segunda parte de la investigación, públicamente conocida como "Ciccone II", se investigó la supuesta ruta del dinero de la operación juzgada en Ciccone I.
En la resolución a la que accedió A24.com, los jueces Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia señalaron que "la oportuna valoración que hiciera el juez de grado respecto del peritaje contable permite descartar esta hipótesis, se pudo acreditar que los fondos provenían de Raúl Moneta pero no que Jorge Brito hubiera otorgado dinero ni para el levantamiento de la quiebra ni para financiar el giro posterior de Ciccone Calcográfica, ese análisis luce acertado por lo que el agravio de la querella no tendrá acogida favorable".
Asimismo, el juez Martín Irurzun, que intervino para pronunciarse sobre "las divergencias de opinión de los jueces" , señaló que se debe "Partir de esa premisa impone observar que los sucesos se enmarcaron en un (...) emprendimiento delictivo [que] se incardinó hacia dos objetivos centrales: rescatar ilícitamente a la empresa Ciccone Calcográfica S.A. de su quiebra declarada judicialmente; y rehabilitarla para que pueda retomar sus vínculos contractuales con el Estado Nacional” y que incluyó “… i) el levantamiento de la quiebra que pesaba sobre aquélla y obtener de parte de la AFIP un plan de facilidades de pago que le permitiese regularizar su abultada deuda fiscal; ii) recuperar la planta fabril que ocupaba la firma "Boldt S.A." por decisión del juez de la quiebra; iii) frenar u obturar la licitación Nro. 58/09 de la Sociedad del Estado Casa de Moneda destinada a adquirir una nueva línea de producción de billetes, demandado por el Banco Central de la República Argentina; iv) obtener un certificado fiscal para que la empresa calcográfica -ya en poder de Amado Boudou-, pudiese retomar sus vínculos contractuales con el Estado, y entre ellos encargarse de la impresión de billetes o de otras especies valoradas”.
Irurzun agregó que el juez de primera instancia "no podrá pasar por alto las conclusiones previamente adoptadas en el juicio oral sobre la existencia de una única maniobra que tuvo diferentes aristas".
