La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al gobierno de Formosa que permita el ingreso a su territorio de los ciudadanos de esa provincia que no pudieron regresar desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. Para cumplir la misiva le dio un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir de ayer.
El máximo tribunal se expidió de esta manera ante un amparo colectivo presentado por damnificados, quienes se vieron impedidos de circular libremente por las limitaciones impuestas por el gobernador Gildo Insfrán.
Según la oficina argentina de Amnistía Internacional, alrededor de 7.500 personas quedaron varadas en el límite provincial sin poder ingresar a esa jurisdicción. Algunas fueron alejados de sus hogares por más de cuatro meses.
En una decisión unánime, el tribunal puntualizó que "las restricciones establecidas por las autoridades locales no superan el test de razonabilidad que establece el artículo 28 de la Constitución Nacional, al suprimir libertades individuales más allá de lo tolerable", indicó el fallo.
"Este derecho a transitar libremente en su territorio, sin distinción alguna, está reconocido a sus habitantes por la Constitución Nacional en sus artículos 8° y 14°, y por instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, ambos con jerarquía constitucional en la Argentina", manifestó la Corte.
En el comienzo de la pandemia, las autoridades provinciales de Formosa implementaron el "Programa de Ingreso Ordenado y Administrado", que estableció una serie de controles para la entrada de los formoseños que se encontraban en otros puntos del país. Sin embargo, el sistema impidió el ingreso de muchos y los dejó varados a la vera de la ruta.
