La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi, alega un agravio doble y muy importante. Sostiene que la causa “Obra Pública” fue construida mediante un informe parcial de la Dirección Nacional de Vialidad y que a Cristina se le negó la chance de producir pruebas que no sólo la benefician, sino que también podrían demostrar la existencia de un expediente amañado.
Como un condimento adicional, el doctor Beraldi enfatiza que el fiscal Ignacio Mahiques, que ingresó al expediente como coadyuvante de Gerardo Pollicita, fue designado especialmente por el Gobierno. La causa, entonces, está rodeada de sospechas.
¿Qué puede hacer la Corte?
La Corte tiene una oportunidad muy grande. Está en condiciones de examinar ese expediente palabra por palabra y emitir una sentencia ejemplar que despeje todas las sombras que rodean la genealogía de esa causa y su instrucción. Un examen serio, profundo, didáctico, sin legalismos oscuros, sin palabras extrañas, que ponga en blanco sobre negro los hechos, la labor del juez y de los fiscales. Es lo que necesitan la Justicia, Cristina Kirchner y la sociedad.
Si la causa fue tramitada de acuerdo a derecho, la Corte debe lograr que los jueces lleven adelante rápido y ejemplarmente un juicio oral. Si la Corte detecta anomalías debe actuar con una severidad también ejemplar. Es decir, dejando de lado los clásicos eufemismos judiciales y explicando con claridad todo aquello que hipotéticamente se haya hecho mal.
Poner un poco de luz pública entre tanta especulación y sospecha es la única chance de devolver legitimidad a un caso que, para colmo de males, se dirime en un proceso electoral que comienza a teñirlo todo.
Además, la decisión de los supremos va a tener una importancia adicional. El caso “D’Alessio”, que permanece en manos del juez Alejo Ramos Padilla, sigue creciendo y con su desarrollo se incrementan las sospechas de causas armadas o direccionadas que, en definitiva, es lo que denuncia la ex presidenta.
Ello aumenta también las expectativas por las palabras de la Corte. Es que más allá de la actividad del magistrado de Ramos Padilla, de la que se conoce poco por ahora, continúa recibiendo nuevas denuncias.
En estos días, la ex ministra de Defensa y Seguridad Nilda Garré se presentó pidiendo que se investigue si Marcelo D’Alessio intervino en la recordada nota del colega Daniel Santoro que aludía a cuentas bancarias de Garré y Máximo Kirchner en el exterior. Ambos fueron sobreseídos por el juez Marcelo Martínez de Giorgi años después. La denuncia es importante, aunque el foco no debería ser la diputada Paula Oliveto, sino determinar cómo se originó esa información falsa que luego llegó a la Justicia.
Como sea, lo relevante es que hay una inflación de sospechas sobre el uso de expedientes judiciales como herramienta de coacción. Aunque ello se discute de un modo cotidiano sin que nadie se despeine, es algo muy grave.
Por eso, es crucial lo que haga la Corte, porque como cabeza de un poder de gobierno puede, a partir de las quejas de Cristina Kirchner, enviar un poderoso mensaje a toda la sociedad para que tengamos claro quién o quiénes son los que no dicen la verdad.