La justicia laboral dejó sin efecto, al menos en lo inmediato, el decreto del pasado 30 de setiembre a través del cual el gobierno nacional modificó la forma de calcular las indemnizaciones por muertes e incapacidad a causa de accidentes laborales y por enfermedades derivadas de actividades profesionales.
Grande Lape
Otro fallo contra el Gobierno: suspenden el decreto por el cual se modificó el cálculo de indemnizaciones laborales
La resolución del Poder Ejecutivo nacional establecía que en adelante el monto de esas indemnizaciones debía empezar a ser establecido mediante el índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE). De ese modo, dejó sin efecto el cálculo que regía por la tasa del Banco Nación.
Esa medida obedeció al crecimiento de la tasa oficial, debido al aumento del dólar y a crisis inflacionaria.
El Gobierno intentó justiciarla argumentado la delicada situación de las pymes, muchas de la cuales hacen frente a las consecuencias de la crisis económica en general y a la llamada “industria del juicio”, en particular.
El vicejefe de gabinete, Andrés Ibarra, dijo que con el polémico decreto esperan “mitigar” el impacto de las indemnizaciones en los costos de las empresas.
“Ante los recientes acontecimientos económicos-financieros que son de público conocimiento, es indispensables adoptar medidas urgentes para regular el sistema de riesgos del trabajo”, argumento la Casa Rosada.
En la actualidad, el rendimiento financiero de los activos de la industria de seguros es del orden del 42% promedio, mientras que la tasa de interés vigente para indemnizaciones por accidentes laborales asciende al 90%. El descalabro parece evidente.
Pero el sector laboral sintió afectados sus derechos y el caso llegó rápidamente a la Justicia.
El juez Alejandro Segura, titular del juzgado laboral 41, emitió un fallo de primera instancia para declarar la inconstitucionalidad de la norma, a raíz de una presentación hecha por el periodista Miguel Fernández. En su resolución, no exenta de contexto político, entendió que el Gobierno intenta “transferirle la carga de su fallida política económica a los más necesitados”.
Y a ese fallo, finalmente, se sumó hoy una medida cautelar derivada de una presentación hecha por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
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