Con el fallo de la Corte Suprema sobre los represores y el reglamento de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre la policía y el uso de las armas quedó expuesta la histeria de la sociedad argentina en torno al rol y lugar de las fuerzas de seguridad en franca tensión con el remanido 2X1.
Y además quedó también a la vista que discutimos normas sin conocerlas en profundidad. El juez Roberto Gallardo judicializó una cuestión política y de hecho bloqueó la discusión porque el laberinto judicial es interminable.
No debatimos, en cambio, cómo se forman los policías que es el gran problema. Seguramente si las fuerzas de seguridad surgieran de un proceso académico y práctico adecuado, no estaríamos discutiendo estas cosas que se asemejan más a una estrategia electoral para seducir a los sectores que sufren la inseguridad que a una novedad. Veamos, por ejemplo, qué pasa con la inseguridad.
En 2017, las estadísticas del ministerio de Seguridad de la Nación revelan que hubo 2.293 homicidios y 1.828 delitos contra la propiedad cada 100.000 habitantes. Ese mismo año, hubo 258 muertes a cargo de las fuerzas estatales, según el informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). De ese total, 131 fueron casos de gatillo fácil.
Más allá de que según las estadísticas que abarcan el período 2014-2017 realizadas por el ministerio de Seguridad indican que ha bajado el número de muertes en el total de las fuerzas y el de civiles intervinientes, si tomamos lo que pasó en 2017 como una foto o escena de una película de terror, el nuevo reglamento de Patricia Bullrich y Mauricio Macri que amplía el poder de la policía en el uso de armas de fuego merece ser pensado con seriedad. Hasta ahora pareciera que eso no sucedió. Solo se lo tomó como una novedad que se remonta a 1990.
El Estado argentino, que siempre careció de sintonía fina en cuanto al uso de la fuerza, debe elegir cómo enfrenta la inseguridad. Esto es: si lo hace atacando la causa, los efectos o ambos a la vez. Y esta decisión del Gobierno de Macri y de Bullrich ataca efectos.
Sin embargo, a pesar de ello, el discurso “bolsonarístico” de más “mano dura” de la ministra Bullrich reviste de un vasto apoyo en la opinión pública. Más allá de las críticas de algunos sectores de la sociedad y de los organismos de DD.HH., al tope de las preocupaciones de cualquier encuesta está el grito desesperado de más seguridad. Ese grito combinado con la crisis económica, con el reclamo de justicia y en una sociedad fragmentada abre las puertas a cualquier tipo de salida frente a esta crisis.
De hecho, estas causas relacionadas de maneras distintas son la fuente del jaque a la democracia liberal que atraviesa a gran parte de Europa y a las américas. Y conviven con la impotencia de los sistemas políticos para dar respuestas creíbles. De esas fracturas surgen los “Bolsonaros” y esa ausencia de respuestas agudiza las tensiones que a la vez legitiman emergentes de aquellas características. Se trata de un círculo que se retroalimenta y que está redefiniendo sigilosamente la organización social.
Uno de los contrapuntos de la reacción paradójica de la sociedad civil frente a la tensión del empoderamiento de las fuerzas de seguridad, se puede observar en el caso del 2X1, que muestra el triunfo de la sociedad por sobre la especulación jurídica y en la gran cantidad de argentinos que pidió resolver la cuestión de los militares.
Las movilizaciones en marzo de 2017 hicieron accionar al Ejecutivo, al Congreso y luego a la Corte Suprema. Así, los supremos Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, que en 2017 habían fallado a favor el 2x1 para los represores, esta semana se sumaron a Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda para rechazar su aplicación para los casos de lesa humanidad.
Pero el fallo no sutura una discusión que no está saldada y que no se va a saldar solo con fallos judiciales, porque las pulsiones de los años ‘70 se mueven debajo de la letra de los expedientes. Las reacciones aparentemente histéricas de la sociedad alojan profundas heridas no curadas.
