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Denuncian que Correo Argentino S.A desvió $35 millones para el pago de consultoras, estudios jurídicos y empresas

Denuncian que Correo Argentino S.A desvió $35 millones para el pago de consultoras, estudios jurídicos y empresas

Qué pasó. La fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín reclamó que el Gobierno de Macri acuerde el pago de la deuda con el Estado de la empresa de la familia Macri Correo Argentino S.A y detectó presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de la compañía de la familia Macri.

Se trata de un monto de $35 millones utilizados para el pago de consultoras, estudios jurídicos y ejecutivos a pesar de no tener actividad comercial. En un detallado dictamen al que accedió A24.com, la fiscal advirtió que varias de estas empresas beneficiadas están relacionadas directamente a miembros del directorio de Correo Argentino y a sus abogados.

Además, pidió que se investigue el rol de funcionarios del gobierno de Macri que deben participar en la negociación. Tal es el caso del Secretario de Modernización Andrés Ibarra.

De qué se trata. Para la fiscal, se está produciendo un “vaciamiento progresivo” de la empresa de la familia Macri en medio del proceso judicial por la deuda que el Correo mantiene con el Estado desde hace 18 años.

Según Boquín, los fondos que habrían sido desviados a un reducido grupo de personas y empresas vinculadas a los directores de la compañía deberían haberse usado para pagar la deuda.

“...la extensión del trámite en este proceso ha posibilitado un vaciamiento progresivo de la concursada. Merced a numerosas erogaciones que van desde el pago de cifras millonarias en concepto de honorarios profesionales por "asesoramiento ilegal concursal”, hasta pagos a estudios jurídicos de los cuales forman parte integrantes del propio directorio de Correo. A ello, deben agregarse otros egresos por importantes sumas a favor, en su gran mayoría, de consultoras o empresas de publicidad que tienen alguna vinculación con los letrados de la concursada, sus directores y/o apoderados, los que deberán ser analizados...también se han efectuado pagos por mantos elevadísimos en concepto de "anticipos al directorio" en infracción a la normativa societaria” “...la extensión del trámite en este proceso ha posibilitado un vaciamiento progresivo de la concursada. Merced a numerosas erogaciones que van desde el pago de cifras millonarias en concepto de honorarios profesionales por "asesoramiento ilegal concursal”, hasta pagos a estudios jurídicos de los cuales forman parte integrantes del propio directorio de Correo. A ello, deben agregarse otros egresos por importantes sumas a favor, en su gran mayoría, de consultoras o empresas de publicidad que tienen alguna vinculación con los letrados de la concursada, sus directores y/o apoderados, los que deberán ser analizados...también se han efectuado pagos por mantos elevadísimos en concepto de "anticipos al directorio" en infracción a la normativa societaria”

Dictamen de la fiscal Gabriela Boquín

Por ejemplo, hay pagos que, si bien no fueron los únicos realizados por la deudora en concepto de honorarios, son los que resultan más llamativos por su elevado monto o por el vínculo existente entre los estudios jurídicos involucrados y los directores de la concursada. Ellos ascienden a la suma de $ 14.875.530,27, según el siguiente cuadro detallado.

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Facturas
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Del mismo modo, con relación a los pagos de facturas a empresas vinculadas con letrados/apoderados /directores de la concursada, la fiscal Boquín detectó que la empresa emitió órdenes de pago en favor de empresas vinculadas a letrados, apoderados o directores de la concursada por la suma de $ 6.994.606,90 cuyo resumen es el que sigue.

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En el dictamen de la fiscal al que accedió A24.com, también se advierte la existencia de pagos a empresas por montas de gran envergadura que tampoco reconocen justificación alguna y que arrojan la suma de $ 5.109.901,91.

En primer lugar considerando la inactividad de compañía desde el 19/11/2003, pero también por la ajenidad absoluta del objeto social de dichas empresas (medicina, alimentos) o por superponerse la supuesta prestación (empresa de cobranzas con ios estudios jurídicos).

Dichas empresas son: 1) Alfa Desarrollos Comerciales SRL, 2) Aurum Consulting Group SRL, 3) Cobrantia Coilecíions Services, 4) Consultatio Millenium SA, 5) Demyral S.A, 6) Esmatigar SRL, 7) Furlong Fox SA, 8) Signo Consultores SA y 9) Trayectoria Internacional S.A.

Qué más dijo la fiscal. A la luz de todo lo analizado, la fiscal concluye que el paso del tiempo sólo ha producido mayores pérdidas de activos perjudicando a los acreedores y el accionista minoritario que es el Estado Nacional.

"Se han dilapidado cuantiosos activos a lo largo de la inusitada extensión que se le ha dado al trámite de su concurso en abierta violación al principio de igualdad ante la ley respecto de otros concursado". "Se han dilapidado cuantiosos activos a lo largo de la inusitada extensión que se le ha dado al trámite de su concurso en abierta violación al principio de igualdad ante la ley respecto de otros concursado".

"El Procurador del Tesoro de la Nación, a través del decreto 201/2017 ha pretendido Justificar la dilación de más de dos años, lo cual es no-razonable porque, en pos de una supuesta transparencia se perjudica al Estado Nacional y se beneficia a la concursada" "El Procurador del Tesoro de la Nación, a través del decreto 201/2017 ha pretendido Justificar la dilación de más de dos años, lo cual es no-razonable porque, en pos de una supuesta transparencia se perjudica al Estado Nacional y se beneficia a la concursada"

"Es inaceptable que en un trámite en ei que el Estado Nacional sea parte se desnaturalice el proceso concursal por la existencia de conflicto de intereses y tampoco se puede admitir que -por los mismos-se termine beneficiando, con elongación de plazos, el no pago de los créditos y sin sufrir las consecuencias propias de un concurso fracasado, aquel por el que -supuestamente ante la existencia de ese conflicto- debería aplicársele la normativa legal con el mayor rigor a ios fines de evitar sospechas en pos de la transparencia generando así mayor confianza en las instituciones jurídicas y republicanas por parte de todos ios ciudadanos". "Es inaceptable que en un trámite en ei que el Estado Nacional sea parte se desnaturalice el proceso concursal por la existencia de conflicto de intereses y tampoco se puede admitir que -por los mismos-se termine beneficiando, con elongación de plazos, el no pago de los créditos y sin sufrir las consecuencias propias de un concurso fracasado, aquel por el que -supuestamente ante la existencia de ese conflicto- debería aplicársele la normativa legal con el mayor rigor a ios fines de evitar sospechas en pos de la transparencia generando así mayor confianza en las instituciones jurídicas y republicanas por parte de todos ios ciudadanos".

La causa. En febrero de 2017 la fiscal Boquín pidiórechazar por “abusivo” el acuerdo entre Correo Argentino y el Estado Nacional en el concurso preventivo. El acuerdo implicaba una quita del 98,87 % a la deuda millonaria con el Estado .Según la investigación judicial, con el acuerdo el Estado dejaría de percibir más de $ 4.656 millones en intereses por la deuda. La fiscal Boquin frenó y denunció el acuerdo.