Marzo de 1995. Pude conocer un decreto secreto y reservado (103/95) falso. Venezuela no había pedido armas. La Argentina bajo ese decreto, envió aproximadamente 6500 toneladas de armas a Ecuador y Croacia. Un poco a Bosnia. A Ecuador, por vía aérea. A la zona de los Balcanes por vía marítima: Terminal 6 del puerto de Buenos Aires.
Desde el poder, ejercido por Carlos Saúl Menem, se permitía un armado y envío que significaron actos de corrupción. Menem fue detenido y pasó –por razones de edad- unos meses en la quinta de su amigo, Gostanian. La Corte Suprema (promenemista) quitó de la calificación penal la figura de asociación ilícita y que el decreto fuera ideológicamente falso. Adelgazó la calificación y quedó sólo el contrabando de armas.
El entonces Juez Federal Urso y el Fiscal Carlos Stornelli –jurisdicción federal- tuvieron que enviar el expediente al fuero Penal Económico, donde todas –todas- las dilaciones fueron consumadas. Menem queda en libertad. Con el envío de armas a Ecuador, violábamos el pacto de Río de Janeiro por el cual la Argentina era uno de los garantes de la paz entre Perú y Ecuador, enfrentados por lo que se dio en llamar la guerra del Cóndor. Con el envío de armas a la zona de los Balcanes, la Argentina violaba la prohibición impuesta por las Naciones Unidas: ¡basta de envío de armas a los Balcanes!
El expediente prosiguió con idas y vuelta hasta que un Tribunal Oral absolvió a Menem, pero en apelación la Cámara de Casación lo condenó a 7 años y medio de prisión. Cuando el proceso judicial llegó a la Corte Suprema por la incidencia de que Menem se había postulado como candidato a senador y la Cámara Electoral dijo que aquella condena lo inhabilitaba, la Corte dijo que ese fallo era improcedente; que debía volver a Casación para obtener el “doble conforme”. Un tercer pronunciamiento que dijera si Menem era definitivamente culpable o inocente.
En el entretanto, Menem era elegido senador y levantaba la bandera argentina en el salón del Senado. Casación no respondió a la directriz de la Corte: en fallo dividido acudió a decidir que 23 años de pleito habían violado la garantía de convenciones internacionales: el plazo razonable.
La causa penal, pues, ha quedado como “inexistente”. ¿Habrá Fiscal que interponga un recurso extraordinario ya que no puedo hacerlo yo por razones procesales? Sería bueno para que la Corte Suprema dijera su palabra final en jurisdicción argentina, no olvidándonos que para encubrir el contrabando, se hizo explotar la Fábrica Militar de Río Tercero (Córdoba). Un delito para encubrir otro delito.
El reciente fallo de Casación: una instancia del Poder Judicial culpabiliza, sin decirlo así a los que “acunaron” un expediente que, con 23 años de edad, ha dejado de ser un bebé. ¿Por qué no postuló una investigación respecto del grosero plazo de sustanciación que también involucró a algunos jueces de la Cámara de Casación?
*El autor de esta nota es el Presidente Honorario de la Asociación Civil contra la Corrupción y denunciante de Menem.
