Qué pasó. Ante las denuncias de supuestos aportantes truchos a la campaña de Cambiemos, el Gobierno busca ahorrarse más dolores de cabeza y simplificar el sistema de aportes para que sea más transparente. Por ello presentará un proyecto en ese sentido en los próximos días.
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Escándalo por aportantes de campañas: ¿Cómo es el proyecto que impulsará el Gobierno en estos días?
El borrador de la ley, que adelantó a principio de año A24.com, contempla 9 puntos, entre ellos habilitar que las empresas privadas financien las campañas (algo prohibido en la reforma política de 2009), una mayor regulación de los actos de publicidad oficial en campaña y un registro de publicidad en la vía pública.
También prevé que la Justicia pueda monitorear en tiempo real la recaudación y gastos de campaña de todos los espacios y la penalización del clientelismo político.
Un punto controvertido. Es el que habilita a que los partidos políticos puedan recibir aportes de empresas privadas para financiar las campañas. “La prohibición actual generó lo contrario a lo que se quería buscar. Siguieron derivando aportes pero en negro y de manera descontrolada”, explica una fuente de Gobierno que estuvo trabajando en el proyecto. La idea es que ninguna empresa pueda aportar más del 3% del total de gastos que tiene permitido hacer cada partido.
Además se mantendrán las prohibiciones a empresas de servicios públicos, contratistas del Estado, y empresas vinculadas al juego, entre otras. Según el proyecto, todos los aportes deberán estar bancarizados. Hoy la costumbre es que se hagan en efectivo.
Otro de los cambios es que, si se aprueba la ley, todos los ingresos y gastos deberán ser cargados en tiempo real en un sitio web, de modo de que puedan ser controlados minuto a minuto por la autoridad de aplicación. Se promoverán además mayores controles cruzados interno con la UIF, Procelac, Anses, IGJ y la Cámara Nacional Electoral.
Un caramelo para la Justicia. Otra novedad que traería el proyecto es la penalización del clientelismo político, algo que en los pasillos gubernamentales denominaron la “ley antichoripán”. Plantea que se penalizará con 6 meses a 3 años de prisión al que ofrezca dinero o ventajas a cambio del voto. Este tema surgió a partir de un pedido de la Justicia, aunque en el Gobierno creen que en la práctica algo así es incomprobable y no habrá sanciones efectivas.
Qué pasa con la publicidad. Se buscarán cambios en la regulación de la publicidad oficial y actos de gobierno durante la campaña. Ahora están prohibidos 15 días antes de las elecciones; la idea es llevarlo hasta 30.
Qué le toca al poder judicial. Otro punto que puede ser eje de polémica es cuál será el rol de la Justicia en este nuevo esquema de controles. El anteproyecto contempla la creación de un nuevo cuerpo de auditores con 17 miembros a cargo de la Cámara Electoral para aumentar la velocidad de las auditorías.
También genera dudas en quienes controlan los gastos la disociación entre los candidatos y la recaudación de campaña. “Si se rechazan las cuentas se debería poder revocar el mandato del candidato electo como sucede en otras partes del mundo. Hoy el candidato no tiene nada que ver con la administración de su campaña: ponen como responsable a un jubilado y no podemos hacer nada”, se quejan.
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