La Asociación Civil Bajo La Lupa, constituida a fines del año 2017, tiene entre sus objetivos, promover una cultura de transparencia y participación ciudadana para reconstruir la confianza social en las instituciones públicas y privadas como también incentivar la transparencia, el control público y social y la rendición de cuentas como atributos de la gestión.
Las actividades a lo largo de un año han tenido siempre un sentido positivo, para plantear como advertencias las irregularidades advertidas en el manejo de los recursos públicos, la necesidad de promover conductas ejemplares por parte de los funcionarios públicos, evitar los conflictos de intereses.
Recibimos cientos de denuncias o datos sobre hechos que encuadran en nuestros objetivos. Pedimos disculpas porque muchas veces nos exceden y no podemos abarcar todos. Todos los datos son corroborados siempre a través de base de datos publicas o pedidos de informes a organismos oficiales. Y luego con la convicción de que estamos frente a alguna irregularidad o un delito, comenzamos la segunda etapa.
Nuestros procesos incluyen dos vías. Una administrativa, con la presentación de informes donde evidenciamos una determinada problemática y proponemos una corrección. Estos informes se ponen en conocimiento de los involucrados o funcionarios responsables como así también de la sociedad en general.
La segunda vía es la judicial a través de denuncias cuando los hechos de los que tomamos conocimiento presuponen un posible delito. Pero además seguimos muchas causas judiciales como “AMIGOS DEL TRIBUNAL”. En las principales causas de corrupción nos presentamos a los fines de colaborar con la justicia, aportando pruebas, ayudando en el análisis de la documentación que muchas veces provoca el colapso del juzgado.
Muchos jueces nos aceptan sin reparos. Otros se molestan ante la mirada de la sociedad. La experiencia en este campo es muy satisfactoria ya que nos permite aportar prueba en causas para lograr su avance y mejorar los tiempos de la justicia.
Los constantes escándalos y denuncias por corrupción en Argentina en los últimos años han dañado la credibilidad en las instituciones. Hoy somos testigos de un sentimiento general de desilusión pública y tensiones sociales y políticas.
La Argentina viene de muchos años de deterioro en la calidad institucional, con organismos de control prácticamente inexistentes, utilizados por el gobierno como un arma de persecución a opositores, quienes no adherían al proyecto y era un instrumento de encubrimiento a las prácticas delictivas de socios, testaferros y funcionarios públicos enriquecidos.
Muchas veces escuchamos hablar en los últimos años de NUNCA MAS DE LA CORRUPCIÓN. Pero para que realmente ocurra, debe impulsar un compromiso político serio y firme que incluya a cada uno de los miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y para ello necesitamos un adecuado sistema de controles para que la práctica corrupta (y el corrupto) sea sancionada. Pero además del compromiso de los miembros de los poderes mencionados, necesitamos estar convencidos de que se requiere el trabajo y esfuerzo de todos los miembros de la sociedad. Todos somos responsables en la lucha contra la corrupción. Y allí radican nuestras acciones.
