Un funcionario de la AFIP cercano a Carrió se queja porque calificaron mal su trabajo y le bajaron el sueldo

Mecikovsky irrumpió en la escena pública a principios del macrismo, cuando declaró ante el juez federal Sebastián Casanello y describió un supuesto mecanismo de protección durante el gobierno de Cristina Kirchner al empresario Lázaro Báez.

En ese contexto, también aportó información que fue utilizada por el juez federal Julián Ercolini en la causa por supuesta elusión de unos ocho mil millones de pesos del Impuesto a los Combustibles, por la que hoy están en juicio oral los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López.

Ambos empresarios, dueños entre otros medios de comunicación del canal de noticias C5N, estuvieron presos durante unos dos años.

Mecikovsky fue investigado por presuntamente haber filtrado información confidencial de la AFIP sobre los empresarios a la diputada Carrió, principal denunciante en las causas contra De Sousa y López.

En medio de una interna política de Cambiemos, Mecikovsky fue desplazado de los cargos relevantes de la AFIP en 2018, junto con otros funcionarios: Carlos Bo y Horacio Castagnola.

Carrió reaccionó a través de la red social Twitter: “sacar a tres héroes de la AFIP por mi apoyo equivale a aliarse con Echegaray y su gente”.

La líder de la Coalición Cívica aludió así al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, hoy también en juicio junto con López y De Sousa.

A principios de 2019, el funcionario recuperó protagonismo al quedar a cargo de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Mecikovsky inició un “juicio sumarísimo” ante la Justicia del Trabajo porque consideró que la calificación negativa de su trabajo había sido arbitraria y pidió una medida cautelar que la dejara sin efecto.

Ante la falta de respuesta hasta diciembre pasado reclamó la habilitación de la feria judicial para que un tribunal analizara su planteo durante el receso estival.

Pero los camaristas María Luján Garay y Luis Raffaghelli respondieron que “no se observa que se haya efectuado por el peticionante una explicación que evidencie” la necesidad de habilitar la feria judicial.

“No se invocan circunstancias fácticas puntuales que evidencien la imposibilidad de que la solicitud fuera – o pueda ser- resuelta en tiempo de actividad normal de los tribunales”.