Enojo

Un grupo de organizaciones civiles y especialistas pide que los candidatos adhieran a un "Acuerdo Social Anticorrupción"

Un grupo de organizaciones civiles y especialistas pide que los candidatos adhieran a un Acuerdo Social Anticorrupción

Un grupo de especialistas y organizaciones de la sociedad civil vinculados a la justicia y la transparencia presentaron un documento en el que proponen un “Acuerdo Social Anticorrupción”, al que invitan a adherir a los candidatos presidenciales. En el documento sugieren un conjunto de propuestas de políticas públicas, reformas de leyes y acordadas para asegurar las capacidades estatales en materia de prevención, detección y sanción de la corrupción en los tres poderes del Estado.

Forman parte de esta iniciativa ACIJ, Acción Colectiva, CIPCE, Directorio Legislativo, Poder Ciudadano, Cambio Democrático, CLADH, Democracia en Red, Nuestra Mendoza, Salta Transparente, el ex candidato K para la Corte Roberto Carlés​, el ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido​ y los abogados Ricardo Gil Lavedra​ y Natalia Volosin​.

"Hace tiempo que la academia y la sociedad civil tenemos claro qué medidas concretas se necesitan para reducir la corrupción en la Argentina. Este Acuerdo Social es un hecho inédito porque por primera vez formaliza esas ideas en un documento que esperamos sea suscripto por las principales fuerzas políticas para implementarlo definitiva pero rápidamente en los próximos años, gobierne quien gobierne",afirmó Volosin ante la consulta de A24.com.

El documento contiene un total de ​74 propuestas​. Las mismas están contenidas en seis secciones​. Estas son: “​Un nuevo sistema nacional de integridad​”; “​Investigación y sanción de la corrupción pública y privada​”;“​Prevención de la corrupción en situaciones típicamente críticas​”; “​Políticas de transparencia​”; “​Fortalecimiento institucional​”; y “​Participación ciudadana​”.

Entre los ejes temáticos que se proponen se encuentran la reforma en materia de ética pública, un nuevo sistema de compras y contrataciones del Estado, mejoras procesales para la persecución de la corrupción, políticas de transparencia en el financiamiento de la política, mejoras en los mecanismos y organismo de control, transparencia en los mercados y flujos financieros, así como la apertura de instancias de participación de la ciudadanía en la lucha anticorrupción.

Las propuestas

Un nuevo sistema nacional de integridad

● La creación de organismos de aplicación de la ley efectivamente autónomos en los tres poderes del Estado, en reemplazo de la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo.

● Una regulación de conflictos de intereses que garantice que el proceso de toma de decisiones en la elaboración, implementación y monitoreo de las políticas públicas no se encuentre motivado por intereses particulares en desmedro de las obligaciones públicas y el interés general.

● Limitaciones anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública para evitar los impactos negativos de la migración de funcionarias/os del sector público al sector privado, y viceversa, y desincentivar la formulación de políticas públicas para favorecer a determinado sector corporativo.

● La obligación de que todas/os las/os funcionarias/os de los tres poderes del Estado que tengan algún tipo de rol decisorio o intervención en el uso, distribución o administración de recursos públicos presenten sus declaraciones juradas patrimoniales y las de sus familiares más cercanos en valores reales y de manera pública. Asimismo, debe establecerse un sistema adecuado para detectar incrementos patrimoniales desproporcionados.

● Ampliación de la cantidad de información contenida en las Declaraciones Juradas en relación a la descripción del patrimonio y a la declaración de intereses y, de antecedentes laborales y profesionales.

● Ampliar el régimen de control sobre los obsequios y viajes para los tres poderes del Estado

● Promover la independencia de las Unidades de Transparencia que funcionan dentro de los organismos del Poder Ejecutivo e impulsar la creación de este tipo de unidades en los restantes poderes del Estado.

● El fortalecimiento de la carrera administrativa y los concursos, en todos los poderes del Estado, que garanticen la idoneidad y la estabilidad, y prevengan prácticas como el nepotismo y/o cualquier otra que implique la selección de funcionarias/os públicas/os con criterios arbitrarios. Ello, como requisitos esenciales para el adecuado funcionamiento de cualquier sistema de control y sanción en la función pública.

● La implementación de la ley 26.861 de ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial y Ministerios Públicos Fiscales.

Investigación y sanción de la corrupción pública y privada

● Armonizar los delitos de corrupción de forma coherente y proporcional al resto del Código Penal y de acuerdo a las obligaciones internacionales de nuestro país respecto de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

● Mejorar la redacción del artículo 67 sobre los límites a la prescripción de los delitos en casos de funcionarios/as públicos/as.

● Crear un mecanismo de remisión automática de los expedientes de causas de corrupción en los que se haya declarado la prescripción o superación del plazo razonable, a los organismos encargados de la sanción de magistradas/os del PJN, MPF y MPD.

● Revisar las penas accesorias a la privación de la libertad, como multas e inhabilitaciones para que se vuelvan recursos efectivos en

● Implementar de forma plena el nuevo Código Procesal Penal y el sistema penal acusatorio.

● Sancionar un Régimen de Extinción de Dominio a través de una ley que respete el trámite adecuado de sanción de leyes en el Congreso de la Nación, debatidO ampliamente con la ciudadanía, acorde a las garantías constitucionales y efectivo para el recupero de activos de la corrupción.

● Garantizar una implementación adecuada, transparente y no discrecional de los mecanismos de “delación premiada”,así como de la prisión preventiva,para evitar situaciones de opacidad o que ameriten cuestionamientos sobre los procesos.

● Reformar el programa de protección de testigos para que contemple las particularidades de los delitos de corrupción y sancionar una ley de protección de denunciantes o “whistleblowers”.

● Reforzar los controles sobre el sistema de escuchas telefónicas en el marco de investigaciones criminales, así como revisar el diseño del organismo a cargo de ejecutarlas y su ubicación institucional. Ello, para evitar cualquier uso incompatible con los fines originales de la medida y las garantías constitucionales.

● Ampliación de la concurrencia en los procesos licitatorios y fortalecimiento de la competencia.

● Publicidad de la información de todo el ciclo de contratación pública, desde la planificación al pago y la ejecución, utilizando estándares internacionales de apertura de datos, incluyendo su vinculación con la información correspondiente al ciclo presupuestario.

● Promover el entrecruzamiento de los registros y las bases de datos sobre oferentes y proveedores del Estado entre la Nación, provincias y municipios.

● Eliminación de todas las formas de asignación discrecional de contrataciones e incorporación de reglas claras y objetivas de adjudicación.

● Creación de una cláusula anticorrupción que abarque la suspensión de los contratos respecto a las personas físicas o jurídicas en los casos donde se hubiese comprobado la existencia de irregularidades en la contratación y la exclusión de las/os contratistas que sean condenados en este tipo delitos.

●Prohibición de contratar con el Estado a los/las proveedores que tengan cuentas o sociedades en paraísos fiscales.

● Extender la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas patrimoniales a los directivos y gerentes de empresas proveedoras y contratistas del Estado, que sean beneficiarias de los contratos de mayor valor.

● Implementación de mecanismos de participación ciudadana de carácter obligatorio en todas las etapas, particularmente en las de planificación y control.

● Realizar un seguimiento de la conformación de las Uniones Transitorias de Empresas y sus subcontratistas​.

● Regulación de los conflictos de intereses para los procesos de compras y contrataciones.

● Impulsar una ley de publicidad oficial para garantizar que cumpla con fines exclusivamente vinculados al interés general y que su distribución se realice de acuerdo a parámetros objetivos.

● Implementar un sistema de controles sobre el uso de recursos públicos en períodos electorales.

● Garantizar la plena publicidad, en tiempo real, de todos los aportes recibidos por los partidos políticos, tanto para actividades permanentes como en períodos de campaña.

● Garantizar los recursos necesarios para que los órganos de control (juzgados y cámaras electorales) cuenten con el personal y las herramientas técnicas necesarias para supervisar el financiamiento de los partidos.

● Impulsar la plena vigencia de los regímenes de sanciones para el comportamiento indebido de los partidos y sus representantes (incluidas las suspensiones para participar de elecciones ante infracciones a la ley).

Políticas de transparencia

● Promover la plena aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, partiendo de la creación de todos los órganos garantes y garantizando que la reglamentación en los tres poderes del Estado les garantice autarquía de recursos y autonomía funcional.

● Adecuar la producción de información y gestión documental de todos los sujetos obligados por la Ley que garantice mejor calidad de las respuestas a los pedidos de acceso a la información pública.

● Promover el cumplimiento pleno de las obligaciones de transparencia activa.

● Eliminación de la excepción de entregar información pública correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública.

● Apertura de toda la información presupuestaria hasta el máximo nivel de desagregación, en todas las etapas del ciclo presupuestario, desde la planificación, asignación, distribución y los comprobantes de pago finales en el caso de adquisición de bienes y servicios, incluyendo la apertura de información sobre partidas extra presupuestarias utilizadas por el Estado nacional en diferentes programas.

● Limitar las facultades y superpoderes del Poder Ejecutivo para reasignar el presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación.

● Transparentar la información pública sobre empresas y personas beneficiarias de exenciones fiscales, así como de todo régimen fiscal que genere beneficios sectoriales o a particulares.

● Aumentar la cantidad de información y la rendición de cuentas sobre los fondos presupuestarios transferidos del Estado nacional a las provincias, municipios y otros entes.

● Reducir la discrecionalidad en la aplicación del secreto fiscal y favorecer la apertura de esta información en casos en los que se investiguen delitos de corrupción.

● Fortalecer la lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo de dinero mediante la apertura de la información sobre mercados financieros locales y participación de ciudadanas/os argentinas/os en mercados financieros extranjeros y paraísos fiscales.

● Implementar medidas de control sobre la relación entre el sector privado y el público, incluyendo la sanción de una ley que regule la gestión de intereses (lobby) y que dé publicidad a las audiencias entre privados y funcionarias/os.

● Ampliar los alcances y obligaciones de régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecido en la Ley 27.401 y exigir la implementación de programas de integridad en todas las empresas que contraten o se relacionen con el sector público.

● Crear un registro con la información sobre los beneficiarios efectivos o finales de las personas jurídicas.

Fortalecimiento institucional

● Reformar los mecanismos de selección de magistradas/os en el ámbito del Consejo de la Magistratura para evitar la prolongación de los concursos y garantizar que sean efectivamente públicos y basados en la idoneidad e imparcialidad.

● Limitar la utilización de las figuras de “selección” de cargos judiciales que se aparten del procedimiento establecido en la Constitución Nacional.

● Establecer la obligación del Poder Ejecutivo de fundar la selección de las/os candidatas/os a magistradas/os que son enviados al Senado.

● Reformar los mecanismos de sanción y remoción para promover un control periódico de la actividad de las/os juezas/ces pero que eviten la utilización de estas instancias como mecanismos de presión externa.

● Sancionar un Código de Ética Judicial.

● Ampliar el control sobre la Corte Suprema de la Nación y el Consejo de la Magistratura a órganos externos como la Auditoría General de la Nación.

● Fortalecer la asignación de recursos técnicos y humanos de los juzgados encargados de llevar adelante los procesos en los que se investiguen delitos de corrupción.

● Auditar de manera periódica a los juzgados en los que tramitan causas de corrupción y publicar de manera actualizada los resultados sobre su desempeño.

● Fortalecer las agencias especializadas en delitos contra la administración pública y conexos del MPF, y asegurar la idoneidad, estabilidad e independencia de sus titulares: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELA), Direcciones Generales de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) y de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).

● Impulsar la designación de un/a procurador/a general, de acuerdo a las previsiones constitucionales y legales, de manera abierta y participativa.

● Garantizar la transparencia de los concursos de selección de fiscales y defensores/as, y los mecanismos de ascenso.

● Promover, mediante la asignación de los recursos necesarios a ambos Ministerios Públicos, la implementación del sistema penal acusatorio.

● Ejercer un control periódico del desempeño de las/os fiscales y defensoras/es.

● Eliminar la facultad del/a Procurador/a General de la Nación de establecer de forma excluyente la apertura o archivo de los procesos disciplinarios contra magistradas/os del Ministerio Público Fiscal.

● Reforma de los organismos con roles de control relacionados a la corrupción (AGN, SIGEN, AFIP, UIF, CNV, BCRA, AFIP, IGJ, entre otros) basada en la transparencia, la independencia funcional y presupuestaria, el fortalecimiento de mecanismos de auditoría y la prevención, en particular para asignar facultades de control concomitante y para impulsar el cumplimiento de sus recomendaciones.

● Mejora en los mecanismos de articulación y coordinación entre estas agencias en su labor de investigación de la corrupción.

● Aumento de la participación ciudadana en la planificación de auditorías de la AGN y SIGEN, así como en el seguimiento de las recomendaciones hechas por los órganos de control a las instituciones auditadas.

● Reformar el Sistema de Inteligencia Nacional para garantizar la transparencia en la asignación de recursos y en el ejercicio de las funciones contempladas en la Ley de Inteligencia Nacional, de modo que la ciudadanía pueda ejercer un adecuado control democrático.

● Promover el control civil y político efectivo de las tareas realizadas por los organismos de inteligencia en el marco de investigaciones judiciales vinculadas a delitos de corrupción.

● Promover la creación de la Policía Judicial o Cuerpo Federal de Investigaciones Judiciales

● Implementar el juicio por jurados en todo el país y evaluar su aplicación específica para el juzgamiento en casos de corrupción

● Incorporar al Código Procesal Penal mecanismos de monitoreo ciudadano de la investigación penal de la corrupción.

● Impulsar la designación de una autoridad a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

● Generar mecanismos de participación ciudadana para la discusión de las políticas de prevención y sanción de la corrupción en los tres poderes del Estado.

● Ampliar los mecanismos de participación ciudadana en la justicia, como las audiencias públicas o los amicus curiae.

● Ejecutar un Plan Nacional de Capacitaciones sobre ética pública y anticorrupción en los tres poderes del Estado.

● Impulsar el diseño y desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito académico sobre el fenómeno de la corrupción, las relaciones entre el sector público y el privado, y los costos ocultos de estas formas de criminalidad en la sociedad y, en particular, en los grupos vulnerabilizados.

● Incluir en los programas de formación ética y ciudadana de todos los ámbitos educativos los debates y políticas públicas relativas a la corrupción.

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