La postergación de la derogación de los regímenes jubilatorios de privilegio, anunciada en las últimas horas, es parte del “espacio de diálogo” abierto entre el gobierno y el Poder Judicial para facilitar la aprobación y puesta en marcha de la reforma judicial, acaso uno de los proyectos más ambiciosos de la presidencia de Alberto Fernández.
La reforma judicial contempla la aplicación del Código Procesal Penal acusatorio (que le resta poder a los jueces y se lo suma a los fiscales) y la extensión de la competencia federal a todos los jueces penales nacionales y en lo Penal Económico de la Capital Federal.
¿Qué tiene que ver eso con las jubilaciones? Mucho, casi todo.
Uno de los sectores que goza de un régimen especial de jubilación es justamente el Poder Judicial. Jueces y fiscales aportan un porcentaje mayor de sus salarios a una caja previsional propia.
Como contrapartida, se pueden jubilar a los 60 años, o permanecer en el cargo suspendiendo el cobro (porque no pueden percibir los dos sueldos) y tienen garantizado el 82 por ciento móvil de los trabajadores en actividad.
Con salarios altos como los que rigen para los altos cargos judiciales, el régimen es sustancialmente diferente a la realidad de un jubilado que percibe la mínima. El proyecto de derogación de esos regímenes es lo que desde hace un par de semanas tiene virtualmente trabada la otra reforma.
Hay un dato clave en la negociación: Cristina Fernández de Kirchner no está en el país. Viajó antes de fin de año a Cuba a visitar a su hija Florencia, y tiene previsto regresar el próximo domingo.
“Sin Cristina no hay decisión final. Lo que se decida necesita de su aprobación. Y está ocupada con su hija. Hasta que no vuelva no va a pasar nada”, confió a A24.com uno de los juristas del entorno de la vicepresidenta.
La reforma judicial avanzaba viento en popa, con la aprobación tácita o explícita de un sector muy amplio de los tribunales. Sólo algunos centauros insinuaron batalla para resistir.
Pero en ese contexto el presidente Fernández, suspendió por decreto el cálculo de actualización de haberes jubilatorios, excluyendo a varios regímenes de privilegio.
La indignación generalizada en la sociedad desembocó en meter mano a esos regímenes, y allí cayeron los integrantes del Poder Judicial.
El punto de inflexión son los que vienen aportando pero aún no se jubilaron. Los que ya están jubilados no perderán ni un centavo, pero los que aún no lo hicieron y les vienen descontando de sus salarios de acuerdo al régimen vigente podrían perderlo casi todo.
Los centauros aprovecharon para reprocharles a quienes alentaban la reforma judicial: “¿Vieron?, ustedes los apoyan y ellos les responden con esto”.
Algunos, incluso, amenazaron con declarar inconstitucional la reforma judicial si el gobierno persiste en derogar el régimen jubilatorio con alcances para los que todavía no se jubilaron.
El punto de negociación parece ser el mismo que se utilizó cuando se resolvió que algunos jueces pagaran el Impuesto a las Ganancias.
Podría resumirse: los que están en el Poder Judicial seguirán bajo el mismo régimen, pero los nuevos jueces, fiscales y funcionarios que se incorporen a partir de la sanción de la nueva ley tendrán el régimen común.
Hecha la ley, hecha la trampa, otro punto de negociación es qué pasa con los secretarios que concursan y llegan a jueces o fiscales, y con quienes asciendan a cargos más altos.
Si el gobierno consigue destrabar la cuestión jubilatoria, la reforma judicial es prácticamente un hecho, al menos en la teoría.
Después habrá que ver cómo se instrumenta la nueva modalidad cuyo principal objetivo es meter mano en el poder casi omnímodo de los 12 jueces de Comodoro Py, que acumulan (y manejan a su antojo) las causas federales, especialmente las que tienen como acusados a funcionarios, actuales y ex.
