La denuncia recayó en el juzgado federal de María Servini, quien le corrió vista a Marijuán para que opinara si debía impulsarse la causa penal.
"Toda opinión o expresión, aún cuando sea irrespetuosa frente a determinados colectivos humanos, entrará dentro del ámbito de la tutela de la libertad de expresión siempre y cuando no tenga la suficiente gravedad para lesionar la dignidad humana", respondió el fiscal.
Marijuán delimitó que no existe delito a menos que la expresión "sea susceptible de crear una situación de intolerancia que ponga en peligro el orden públicó".
"Las expresiones denunciadas no son constitutivas de delito, en punto a que no reúnen los elementos normativos exigidos. (...) Difícilmente las expresiones de Pichetto -aún teniendo en cuenta su calidad de funcionario público- podrían promover inmediatamente alguna reacción contraria a la ley".
Marijuán descartó la comisión de delitos porque "la instigación debe ser razonablemente seria", lo que implica "que alguien recoja la idea y que pase a la acción".