Lo hemos repetido tantas veces, pero es así de fuerte: el mayor problema de la Argentina no es la corrupción, sino la impunidad de los corruptos, la falta de castigo oportuno. Y eso ha sido, sin dudar, el mayor incentivo para la repetición. Y la principal causa de la pérdida de confianza de que gozan nuestras instituciones, tanto la política como la Justicia.
Hay ciertos sectores (no menores ni poco importantes) del Poder Judicial, que, por ineficacia, lentitud o complicidades, han sido los responsables de la demora en las investigaciones, los caminos sin salida y, finalmente, la impunidad como moneda corriente frente a los delitos de la corrupción.
Hay que mirar con cuidado el rol de algunos miembros del Poder Judicial durante los últimos meses, que siempre se acomodan según los tiempos electorales. Las causas avanzan o se detienen según los avatares del mapa político que les debería ser absolutamente ajeno.
Somos testigos de una mancha venenosa que salpica a todos. Nadie en los tribunales de Comodoro Py quiere hacerse cargo de juzgar a la flamante Vicepresidenta electa Cristina Fernández.
Y mientras tanto, los plazos pasan, los recursos y excepciones llegan. Sumado a las presiones que se repiten desde el Presidente electo Alberto Fernández quien afirma (contrariando sus propias palabras de hace algunos años) que la Sra. de Kirchner es una perseguida política y no hay pruebas en su contra, en una clara presión a aquellos jueces que pretendan hacer su trabajo y avanzar en las causas de corrupción.
Los argentinos pensábamos que CFK iba a pasar todo el año 2019 sentada en el banquillo de los acusados rindiendo explicaciones. Y ahora, recientemente electa como Vicepresidenta, nos encontramos con que ningún juez quiere sentarse en el estrado.
No sabemos cuando comenzará el juicio oral por Hotesur y Los Sauces a cargo del Tribunal Oral 5 el cual lleva meses de inexplicable demora.
Tampoco sabemos que decisión tomará la Corte Suprema en relación al único juicio oral que comenzó donde se juzga a Cristina Kirchner por sobreprecios en la obra pública.
Quizá los jueces cumplan su rol siendo ajenos a las presiones y el poder político de turno. O quizá la historia se repita una vez más y la prescripción sea el final de todos estos procesos judiciales.
Los jueces y los políticos no deberían olvidar que la sociedad se ha visto vulnerada en su confianza.
Pero también ha sido privada del goce de bienes y servicios que debían prestarse en su favor con aquellos recursos que fueron a parar a otros destinos: a los bolsillos o las cuentas de los corruptos.
Es acreedora, entonces, de una doble respuesta: la verdad sobre lo ocurrido con la aplicación de una condena. Pero también la reparación material que deberá venir por el lado de la recuperación de los activos apropiados en forma ilegal.
La autora es abogada especialista en corrupción. Ex directora de la IGJ
