Qué pasó. El gobernador de Tucumán Juan Manzur parece ser un hombre de suerte en tribunales: la Cámara Federal porteña acaba de revocar el procesamiento que le habían dictado, a instancias de Casación, en la causa por las irregularidades en el Plan Qunita.
De qué se trata el caso. El plan Qunita fue un proyecto del kirchnerismo para madres y bebés de bajos recursos por el que irá a juicio el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud Daniel Gollán, entre otros funcionarios.
Manzur fue ministro de Salud de la Nación hasta febrero de 2015 -cuando lo sucedió Gollán- y hoy gobierna Tucumán. En febrero de 2016, el juez Claudio Bonadio procesó a Fernández, Gollán y Manzur, pero más tarde la Cámara Federal dispuso primero falta de mérito para Manzur y luego su sobreseimiento, al entender que el hoy gobernador se limitó autorizar, en su carácter de Ministro de Salud, la convocatoria a la licitación.
El titular de Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y la Oficina Anticorrupción, en su rol de querellante, apelaron: a su criterio, la Licitación Pública N° 4/15 del Ministerio de Salud de la Nación tuvo como objetivo defraudar al Estado y cada uno de los involucrados colaboró a este fin a pesar de la vigencia de su cargo y funciones.
A fin del año pasado, Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento por prematuro y arbitrario y ordenó seguir investigándo a Manzur y otros ex funcionarios del área de jurídicos del Ministerio.
En abril, Bonadio entonces los procesó, pero ahora nuevamente esa decisión fue revocada: la Cámara Federal firmó su falta de mérito de Manzur y los otros a la espera de más diligencias.
La causa judicial investiga las irregularidades en la licitación del Plan Qunita, por entender que se compraron unos 150.000 kits con un sobreprecio –como hipótesis de mínima- de alrededor de 3000 pesos por cada uno, lo que arroja un perjuicio para el Estado de, cuanto menos, cuatrocientos cincuenta millones de pesos ($450.000.000).
El kit incluía una cuna precaria, un bolso materno, cambiador y otros elementos "de uso cotidiano" para la madre y el bebé. La SIGEN advirtió que algunas cunas no servían para bebes de más de siete kilos y que los precios pagados eran “excesivos e injustificados”.
Según había dicho el juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa, esta es “una de las causas de corrupción más explícita y grosera que el suscripto tenga memoria, que derivó en una cuantiosa pérdida económica para la administración pública nacional cuando se direccionó de manera arbitraria una licitación pública para seis empresas pre-elegidas con un sobreprecio de casi el cincuenta por ciento”.
