En medio de la feria judicial, el juez porteño Roberto Andrés Gallardo ordenó la suspensión y bloqueo de las empresas Glovo, Rappi y Pedidos Ya que no hayan cumplido con la ley 5.526. Además, le ordenó a las tarjetas de crédito que bloqueen sus operaciones y al Gobierno Porteño que controle a los repartidores y su seguridad (casco, chaleco y caja).
A pesar de ello, las apps siguen funcionando, recusaron al juez Gallardo y apelarán la medida. Sin embargo, la Policía de la Ciudad comenzó con los controles durante el fin de semana y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó la medida.
El caso tiene la particularidad de que la decisión de Gallardo es cuestionada por las empresas, los comercios, los trabajadores y el gobierno. Cabe preguntarse por qué y, en este sentido, cuáles son los principales problemas que trae aparejados la decisión del juez.
La primera cuestión es si Gallardo puede hacer lo que hizo porque las cuestiones laborales del mundo del trabajo son cuestiones que regula el Estado federal a través del ministerio de Trabajo, hoy convertido en Secretaría, y en materia judicial interviene el fuero laboral. Ellos son los que se ocupan de lo que se llaman leyes de fondo. Sin embargo, Gallardo que es un juez de la ciudad se metió en ese tema. Allí estriba el problema inicial.
El segundo problema es que nuestras leyes de trabajo son de la época de la segunda guerra mundial, propias del estado benefactor hoy en crisis y cuyo imaginario remite al modo fordista de producción. Por lo cual, para nuestra ley casos como los de estas empresas son relaciones de trabajo sujetas a la ley federal. Esto significa que el trabajador tiene acceso a una serie de protecciones y que, aunque las empresas les hagan firmar contratos, siempre se encubre una relación de trabajo.
El tema es que el mundo del trabajo cambió y sigue cambiando a pasos vertiginosos. Desaparecen trabajos y aparecen nuevos como Glovo, Rappi, Pedidos Ya o Uber. El resultado es que hay un vacío legal que cada uno interpreta y usa como puede y/o quiere. Ajustar la leyes al mercado no siempre significa flexibilizar. Hay nuevas formas de producción que deben ser tuteladas, sino la variable de ajuste es siempre el más débil.
Las apps sostienen que son una plataforma que brinda un servicio que liga a una gran cantidad de comercios y a una gran cantidad de consumidores. Y el vínculo entre los comercios y los consumidores son los repartidores, que son trabajadores autónomos que se presentan con su bicicleta aceptando todas las condiciones.
Hay dos mundos diferentes en discusión: el mundo del trabajo de la posguerra y las leyes pensadas en ese momento con el mundo del trabajo de este siglo.
Esos dos mundos chocan. En el medio de eso, aparece Gallardo que pretende que el estado local intervenga ajustando leyes viejas a este siglo. Algo cuestionado por casi todas las partes involucradas.
Ello tiene paradojas como, por ejemplo, el silencio de la secretaría del Trabajo, el hecho de que la Policía controle a los repartidores. En definitiva, es un diálogo de locos, de personas que hablan en distinto idioma. En Europa, casos como estos o los de Uber o se prohíben de cuajo por ley o los regula el Estado (como en Barcelona).
Este tipo de discusiones son las que exige la argentina. Hay que pensar nuevas formas de regulación para nuevos modos de producción y de trabajo.
