La prisión preventiva en términos estrictamente técnicos es una medida cautelar, como un embargo. El embargo preserva el patrimonio para que los imputados no se se queden con bienes que podrían ser producto del delito. La prisión preventiva busca asegurar que un imputado no se escape. Porque si se escapa no es posible el juicio, ya que no hay procesado penal en ausencia del imputado.
La prisión preventiva, en tanto acto de poder, necesita legitimidad, que precisamente es el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecimiento.
Sin embargo, a veces, hay un uso que excede ese fin y la forma jurídica se transforma en un uso de la fuerza.
Es muy probable que algo de eso haya ocurrido con la inflación de prisiones preventivas con respecto a los ex funciononarios K. Se desnaturalizó la ley y se transformó en un ejercicio de fuerza.
Seguramente las causas de ello son múltiples. Pero una al menos tiene que ver con que no hay mecanismos de control específicos sobre el uso de la prisión preventiva. Los jueces controlan, desde su mirada personal, si hay riesgo de fuga o de entorpecimiento. Pero no van más allá, no se concentran en determinar si hubo abusos en la aplicación del derecho.
Por ejemplo, si miramos el caso de Zannini es muy difícil encontrar a un detenido por el delito de encubrimiento como lo fue su caso. En general, si el imputado no tiene antecedentes permanece en libertad. Ese es el razonamiento que utilizó el TOF 8 el viernes a la madrugada, cuando decidió su excarcelación.
Sin embargo, las juezas no analizaron si la prisión preventiva excedió el marco procesal o si estuvo motivada en otras razones.
Esa autocensura de los jueces con respecto a su pares revela un rasgo corporativo de la Justicia que no se controla a sí misma.
