El gobierno de Alberto Fernández aún no definió qué hará con los servicios de inteligencia. En rigor, sólo decidió terminar con la histórica relación promiscua que los agentes de inteligencia, por vías orgánicas o inorgánicas, mantienen con Comodoro Py 2002.
Pero todavía no está claro de qué manera encarará esa tarea que todos los gobiernos prometen cuando llegan y anotan en la columna del “debe” cuando se van.
Hay dos posturas en pugna sobre el rol específico de los servicios.
El recuperado asesor estrella Gustavo Béliz, quien padeció la acción de la inteligencia vernácula a punto tal que marchó a un exilio que se prolongó por casi tres lustros, sostiene la idea de disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Cree que, tal como está, “no sirve para nada” y que es un organismo dedicado a la fabricación de expedientes judiciales mediante mecanismos tan espurios como las “precausas”, cuya constitucionalidad sigue vigente porque nadie las ha cuestionado seriamente en tribunales. Acaso porque en la matriz de su creación está la propia certeza de su impunidad.
¿Qué es una precausa? Un agente de inteligencia le comunica a un juez que obtuvo, por tareas de campo, un indicio sobre la comisión de un presunto delito. Por lo general se trata de hechos relacionados con drogas, que se reproducen como hongos en la Justicia Federal porteña y atiborran de trabajo burocrático a los juzgados.
Con ese supuesto indicio obtienen la autorización de un juez para intervenir uno o varios teléfonos durante períodos de 60 días, renovables por otro lapso similar. El objetivo real no es una banda narco sino una “excursión de pesca”: escuchar durante ese espacio a un personaje sospechado a priori de una acción delictiva, hasta encontrarlo.
El personaje escuchado nunca tuvo vínculos con el narcotráfico. Entonces la “precausa” se termina en lo formal. Los agentes de inteligencia informan que la pesquisa no dio resultados positivos y destruyen las escuchas. Pero la información obtenida se dispara por otro lado.
A menudo ese lado es una “investigación periodística”, que llega a la portada de un diario sobre la base de datos obtenidos mediante aquellas escuchas que, en lo formal, fueron descartadas y destruidas.
Una vez que la investigación aparece publicada, un abogado o un legislador –de esos habituales trajinadores de los pasillos de Comodoro Py- la recoge y la presenta en la Cámara Federal con formato de denuncia para que se sortee un juzgado instructor.
Así se inicia entonces un expediente judicial cuyo origen es una acción ilegal.
El gobierno de Alberto Fernández se comprometió a terminar con ese mecanismo de promiscuidad entre los servicios de inteligencia y la Justicia federal porteña. Béliz sostiene que hay que desarmar la AFI, pero su postura no tiene consenso masivo.
El ala política que rodea a Alberto Fernández cree que hay que reformularla, quitarle toda relación con Comodoro Py, restringir sus facultades y controlar sus gastos incluso con una profunda intervención parlamentaria.
Subdividir las tareas y asignar a las fuerzas de seguridad que tienen su propia inteligencia un rol específico con un presupuesto acotado y auditado permanentemente.
Sin financiamiento, no habrá espionaje ilegal, suponen.
En el entorno cercano del presidente Fernández hay quienes, no obstante, le piden que deje todo como está. Y que confíe en la capacidad de manejo de la política sobre la inteligencia, tal como ya ocurrió en el pasado reciente. “Que haya servicios, y que trabajen para nosotros”, es la consigna.
El ala más racional del entorno presidencial les recuerda que eso ya pasó, que cuando intentaron romper los negocios colaterales de los servicios se pudrió la relación y todo terminó de la peor manera, incluso con un fiscal muerto.
El nuevo presidente prometió un Poder Judicial sin operadores políticos, mediáticos o de inteligencia. Cortar al menos uno de esos circuitos es la llave para terminar también con el resto.
