El ex secretario de Seguridad durante el gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos responsabilizaron a la jueza María Servini por las muertes del 19 y 20 de diciembre de 2001 que precedieron a la caída del gobierno de la Alianza.
Ante la Cámara Federal de Casación, que revisa las condenas a cuatro años y nueve meses para Mathov y cuatro años para Santos, los abogados Jorge Valerga Aráoz y Virgilio Loiácono coincidieron en que Servini incidió de manera directa en los episodios de violencia e incluso dio órdenes a los efectivos policiales, alterando la cadena de mandos de la fuerza.
Servini no estuvo ni puede estar imputada en esta causa. Su situación es una etapa precluida del juicio y el accionar de la jueza ya fue analizado a lo largo de las distintas etapas de la investigación, sin que hubiera ninguna consecuencia penal para ella.
Sin embargo, para Valerga Aráoz (hijo de uno de los jueces del juicio a los comandantes de la última dictadura), Servini "no fue una jueza imparcial" y recordó que su colega Claudio Bonadio, cuando se hizo cargo de la continuidad de la investigación, determinó que "fue parte de los hechos".
"Ella intervino antes, duante y depués de los hechos. Disponía y daba órdenes. Fue ella quien a las 14.08 (del 20 de diciembre) dio la orden de despejar la Plaza de Mayo. Ella tuvo la injerencia que no tuvo Mathov", embistió.
Por su parte Loiácono, defensor de Santos, también recordó las consideraciones críticas de Bonadio sobre Servini, pero le reprochó que "no tuvo la valentía de decretar la nulidad que el caso merecía".
"Servini hizo cualquier cosa", profundizó.
Ambos pidieron las revocatorias de las condenas e incluso Valerga Aráoz deslizó que algunas de las muertes reprochadas a los policías y al ex secretario pudieron haber sido causadas por los propios manifestantes.
En ese sentido, recordó un peritaje que no pudo determinar el origen de un plomo asesino. "No se sabe quipen mató, entonces no hay ninguna razón para concluir que fue la policía. Había maniestante que fueron a hacer lío y algunos tenían armas caseras".
Además de la absolución de su cliente, el abogado también pidió "en subsidio" que para el caso de confirmación de la condena se reduzca el monto y "se le imponga el mínimo, con ejecución condicional". Mathov está condenado por "homicidio en riña", cuyo mínimo es de dos años.
También adujo que la causa debería ser considerada prescripta a partir del 13 de agosto de 2015 y subrayó que la propia Corte Suprema rechazó imputar al ex presidente Fernando De la Rúa porque "este es un caso de derecho penal común, no es imprescriptible".
"La prueba demuestra que no hubo represión programada. El decreto de estado de sitio no pasó por la Secretaría de Seguridad. La lista de detenidos tampoco. Mathov estaba en Paraguay, volvió porque el ex ministro del Interior Ramón Mestre lo llaó para atender los pedidos de las provicias. Es absolutamente falso que Matov haya planificado la represión".
Loiácono, por su parte, calificó la condena como "una farsa institucional". Y agregó: "esta causa nos ha ocasionado una conmoción interna porque nunca hubiéramos esperado una sentencia tan divociada de la realidad de los hechos".
La Sala Primera de la Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Angela Ledesma, escuchó hoy los argumentos de las defensas pero también las insistencias de las querellas para ratificar e incluso incrementar las condenas.
Los abogados Rodolfo Yanzón y Alberto García Dietzde pidieron condenas por el homicidio del manifestante Alberto Márquez y las heridas de Paula Simonetti y Martín Galli, presente en la sala de audiencias del primer piso de Comodoro Py 2002.
"No cabe duda sobre la sincronizacion y el modo en que actuaron mancomuadamente para arribar al resultado que terminaron encontrando. Nos conformamos con la caliicación de 'homicidio simple', pero es absurdo considerar que fueron responsables por homicidio en riña".
Borda, en tanto, en representación de la querella de Centro de Estudios Legales y Sociales, pidió la confirmación de las condenas contra Mathov, Santos, el ex superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Raúl Andreozzi y el ex comisario mayor a cargo de la Dirección General de Operaciones Norberto Edgardo Gaudiero.
La represión en torno a la Plaza de Mayo en aquellos días calientes -según Borda- "no fue un operativo de rutina sino que estuvo especiaente dispuesto en el marco del estado de sitio. Y el estado de sitio fue un cheque en blanco para que la policía detuviera a manifestantes pacíficos. Eso es ilegítimo".
La revisión que lleva adelante la cámara se refiere a los homicidios de Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, por un lado, y por el de Alberto Márquez, por el otro.
