Muchas veces señalé la necesidad de prestar atención a la relación entre el secreto y la vida política nacional. Hace unos días, nuestro país recibió información relevante sobre los crímenes de la dictadura de parte de los Estados Unidos. Esa información desclasificada es un elemento imprescindible para la comprensión de nuestro pasado de cara a la construcción del futuro. Pero, paradójicamente, el propio Estado nacional permanece en una zona de bruma a la hora de mostrar los archivos locales.
Emocionante
Esos secretos que necesitamos saber, pero que Comodoro Py se empeña en que no sepamos
Myriam Bregman solicitó, como abogada de un grupo de detenidos desaparecidos, a la Agencia de Acceso a la Información Pública que se aplique la ley vigente y levante el velo que cubre esa parte de nuestro pasado. Este pequeña tensión refleja un problema central sobre la relación entre la luz pública y las acciones del Estado.
En efecto, no se sabe con qué parámetro los Tribunales Orales en lo Criminal Federal fijan la fecha de los juicios. Ello es un secreto, nadie lo responde en Comodoro Py de manera convincente. Sin embargo, hay algunas pistas.
La primera fue la brutal confesión de Laura Alonso que reconoció que la Oficina Anticorrupción se ocupa del pasado. La segunda es peor aún. Es que si alguna novedad distingue los últimos años, es el alineamiento más automático que nunca entre las decisiones de la justicia federal y los intereses del gobierno de turno. Los tribunales federales siempre buscaron la simpatía del poder de turno. Pero nunca como ahora.
Salvo por la causa de “Vialidad” que empezaría el 21 de mayo, las cinco causas contra Cristina Kirchner que habían sido, casualmente, elevadas a juicio oral en coincidencia con la campaña 2019 ahora naufragan y no está claro cuándo comienzan. Justo cuando es vox populi el crecimiento de Cristina Kirchner en las encuestas.
A la par, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga uno de los segmentos locales de “Odebrecht”, fue muy severo con los funcionarios kirchneristas e increíblemente benévolo con el sector de la familia presidencial involucrado en el caso.
La justicia es parte del dispositivo electoral. Es más, el colega Hernán Capiello explicó el domingo pasado en La Nación que los jueces no tomarán grandes decisiones por la incertidumbre electoral.
No soy abogada, soy politóloga. Por eso pregunté en qué parte del Código de procedimiento dice que cuando hay elecciones la justicia federal debe moverse al compás de la campaña. De acuerdo con mis fuentes, se trata de una patología más de la Justicia. La respuesta a mi pregunta es, otra vez, un secreto.
La justicia federal se ocupa de otras cosas. Por ejemplo, el juez Martínez de Giorgi exculpa tuiteros que se van de boca y critican al presidente.
La justicia ordinaria, que podría inspeccionar los recurrentes arreglos de veredas del gobierno local, los bacheos permanentes de calles, las ventas de terrenos públicos para fines que nunca están claros y tantas otras políticas públicas vinculadas a la asignación del presupuesto local que llama la atención de los vecinos, se concentra en juzgar de manera práctica cada vez más asiduos robos de comida en supermercados. No mira tampoco a quienes venden drogas en las calles o explotan a los más vulnerables. Esa decisión de política criminal es un enigma o, si quieren, otro secreto.
El problema es la distancia que separa a los funcionarios con responsabilidades institucionales de los problemas reales de la comunidad. En materia judicial, se ocupan de evitar que algunos funcionarios cumplan con su tarea, como pasó con la fiscal Gabriela Boquín, que investiga la causa del Correo Argentino, o con el juez Alejo Ramos Padilla, que investiga la causa de espionaje.
También se ocupan de cubrir vacantes a través del discutible mecanismos de los traslados. Pero evitan atacar “la raíz de todos los males”: la impunidad. Todo lo que tiene que ver con ello permanece, como casi siempre, en secreto.
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