La crisis boliviana se agravó por bloqueos impulsados por sectores sindicales, campesinos y grupos afines al ex presidente Evo Morales, que reclaman la renuncia de Paz y rechazan sus medidas económicas, entre ellas la reducción de subsidios a los combustibles. La situación provocó escasez de alimentos, combustible y medicamentos en ciudades como La Paz y El Alto.
Mientras parte de la oposición apoyó la eliminación de la ley, otros dirigentes advirtieron que el nuevo escenario podría derivar en abusos de poder y una mayor militarización del conflicto. Organismos de derechos humanos y sectores de la Iglesia pidieron evitar una escalada represiva y reclamaron diálogo político urgente.
Paz Pereira: "Ley para actuar en democracia"
El presidente boliviano tiene un respaldo institucional importante del Congreso. Ahora puede disponer de la "ley de excepción" para promover recursos extraordinarios enfocados en hacer cesar los estados de sublevación que promueven desde las movilizaciones de fuerzas de seguridad hasta la participación de las fuerzas armadas.
La eliminación de la Ley 1341 en Bolivia le devuelve al presidente Rodrigo Paz mayores facultades para actuar durante situaciones de crisis interna, protestas masivas o disturbios, porque esa norma limitaba cómo podía aplicarse el estado de excepción.
bolivia y el alimento
Las protestas en el Alto y los problemas con la provisión de comestibles. (Foto: Reuters)
En términos prácticos, el Ejecutivo podría ahora:
- desplegar con más amplitud a las Fuerzas Armadas;
- restringir circulación o reuniones;
- ordenar operativos de seguridad extraordinarios;
- controlar rutas, accesos y transporte;
- y tomar medidas urgentes sin algunos de los controles específicos que imponía la ley derogada.
Es una serie de medidas que pueden asimilarse a determinados aspectos del "estado de sitio". Por eso los sectores oficialistas sostienen que la derogación “restituye facultades constitucionales” al presidente frente a una situación que consideran cercana a una conmoción interna.
En cambio, la oposición teme que el Ejecutivo gane herramientas demasiado amplias en medio de la crisis. Son los elementos habían sido derogados o restringidos al máximo en los 20 años de gobierno del masismo en Bolivia.
Bolivia atraviesa un mes de bloqueos, escasez de combustibles, problemas de abastecimiento y tensión política creciente ligada a sectores cercanos a Evo Morales.
La derogación no crea un “superpoder”, pero sí reduce restricciones y controles específicos que tenía el presidente para declarar y aplicar medidas excepcionales durante una crisis.
Mano firme y díalogo, las dos apuestas de Paz Pereira
Mientras el mandatario se siente con las maños libres para poder enfrentar a los grupos más violentos, también dice que llegó el momento de su promesa de los primeros días de bloqueo a La Paz. En paralelo a la derogación de la Ley 1341 y al endurecimiento del discurso oficial frente a los bloqueos, el presidente Rodrigo Paz puso en marcha otro eje de su estrategia política: la instalación de un Consejo Económico y Social destinado a abrir negociaciones con sectores movilizados y organizaciones sociales.
El encuentro comenzó este miércoles en La Paz con la participación de ministros, dirigentes y representantes sindicales, empresariales y regionales. El Gobierno busca mostrar que, mientras recupera herramientas legales para actuar ante la crisis, también intenta construir un canal institucional de diálogo para evitar una escalada mayor. El vocero presidencial José Luis Gálvez sostuvo que “la salida pasa por el diálogo, la concertación y el trabajo conjunto”, y afirmó que gran parte de las organizaciones convocadas confirmaron su presencia. El mandatario, por su parte, afirmó entonces que Bolivia atraviesa “un punto de inflexión” y necesita un gobierno “más ágil y cercano” a la población.
Pero sin perder de vista la frase más dura del mandatario: "es la democracia institucional o los secidiosos", según el presidente.