La Secretaría de Seguridad de Río de Janeiro informó que el principal objetivo fue la captura del jefe narco Leonardo Araújo, conocido como 'L41', que falleció en el tiroteo.
El hombre estaba prófugo de la justicia desde 2019 por estar acusado de comandar ataques en la ciudad de Belém, estado de Pará, que mataron a más de 40 policías.
En Río estaba protegido por la organización Comando Vermelho (Comando Rojo) que domina parte del narcotráfico en las favelas de la ciudad y de los municipios vecinos.
Favela narcos Brasil muertos 2.jpg
Operativo sangriento en Brasil: cómo fue el operativo
La operación contó con la participación de la tropa de elite Bope, cinco blindados y dos helicópteros y 80 hombres, entre ellos del batallón de inteligencia que se habían infiltrado en la favela.
"Confiamos en nuestras policías, que operan en un escenario con desafíos que no se encuentran en otro lugar del mundo. No vamos a permitir que Río sea usado como escondite de bandidos de otros estados", dijo el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, en las redes sociales.
Esta operación contra esta organización narco se produce en medio de un debate nacional por las acciones del crimen organizado.
La mayor banda narco del país, el Primer Comando de la Capital (PCC), recibió ayer un duro golpe con la detención de 9 personas acusadas de planificar ataques contra fiscales y contra el senador Sérgio Moro, exministro de Bolsonaro y exjuez de la Operación Lava Jato.
Además, el estado de Rio Grande do Norte, en el norte del país, vivía hoy su novena jornada de ataques por parte de la banda llamada Sindicato del Crimen, enfrentada con el PCC, que reclama mejoras en las condiciones de detención de los capos que están presos.
La ola de ataques registrada hace una semana se transformó en pequeños episodios de violencia en las últimas horas, tras la intervención del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el servicio penitenciario local y el envío de agentes de la tropa de elite de la Fuerza Nacional de Seguridad.
El gobierno de Lula negó un pedido de la derecha opositora para decretar el estado de Garantía de Ley y Orden, que autoriza a cogobernar en las regiones a las Fuerzas Armadas.