Accidente

Pagarán una indemnización de 55.000 dólares a los mineros chilenos atrapados en 2010

La Cámara de Apelaciones de Santiago de Chile culpó al Estado por el accidente que sepultó durante 69 días a los trabajadores a 600 metros de profundidad.
Los 33 mineros estuvieron sepultados durante 69 días a 600 metros de profundidad tras un derrumbe ocurrido en 2010.

Los 33 mineros estuvieron sepultados durante 69 días a 600 metros de profundidad tras un derrumbe ocurrido en 2010.

Treinta y uno de los 33 mineros chilenos que hace 11 años estuvieron atrapados durante 69 días en una mina en el norte de ese país recibirán una indemnización de 55.000 dólares luego de más de ocho años de litigio judicial.

La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile aprobó este sábado el pago para los trabajadores, aunque rebajó a la mitad el monto avalado en una primera instancia.

Los jueces acreditaron "el actuar negligente de los órganos del Estado y la existencia del daño causado y la relación de causalidad entre ellos" en el accidente ocurrido el 5 de agosto de 2010.

Ese día un derrumbe bloqueó la entrada a la vieja mina de oro y cobre San José, situada en Copiapó, en el desierto de Atacama, a unos 800 kilómetros al norte de Santiago.

Como consecuencia del siniestro, 33 mineros quedaron atrapados en su interior a más de 600 metros de profundidad.

Después de 69 días, todos los mineros fueron rescatados sanos y salvos a través de un perforación que se realizó en la mina y por la cual se introdujo una cápsula de metal desde la que emergieron uno a uno, en un espectacular rescate seguido en vivo por millones de personas en el mundo.

La vida de los mineros chilenos 11 años después

Una vez de vuelta a la superficie, los mineros fueron asediados por la prensa, la mayoría recorrió el mundo narrando su historia de supervivencia y muy pocos de ellos pudieron volver a insertarse exitosamente en el mundo laboral.

"Si los órganos de la administración del Estado hubieran cumplido con su obligación legal de la forma en que fue previsto (...) los 33 trabajadores no hubiesen terminado enterrados vivos en dicho yacimiento", explicó el fallo, que todavía puede ser apelado ante la Corte Suprema.

La sentencia determinó como principal responsable al Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin), un órgano estatal que tenía que "velar por el cumplimiento de las normas de seguridad en las labores mineras" y "no actuó, o lo hizo imperfecta o tardíamente".

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) había apelado la resolución de primera instancia, al estimar que los mineros ya fueron resarcidos al recibir pensiones vitalicias (14 de los 33 por edad y patologías) y ayuda económica privada.

Dos de los 33 mineros -Luis Bustos y Juan Illanes- no participaron de la demanda judicial por decisión personal.