La incertidumbre en torno a las elecciones en Boca se intensifica debido a la actuación de Analía Romero, la nueva jueza civil designada por sorteo tras la separación de Alejandra Abrevaya. ¿El motivo? Romero solicitó ser apartada del caso debido a su condición de socia activa de Boca desde 2013, lo que generaba dudas sobre su imparcialidad.
En este contexto, la Cámara Civil se enfrenta a tres decisiones cruciales: aceptar o rechazar la recusación de Abrevaya (amenazada de muerte y con custodia), decidir sobre la excusación de Romero, quien ocupa interinamente el Juzgado Civil número 64, y evaluar la apelación de Boca a la medida cautelar.
“Toda vez que ostento el carácter de socia de Boca, y teniendo en cuenta lo dicho por la jurisprudencia (...), considero prudente excusarme de entender en el presente proceso, a fin de preservar la debida administración de justicia y neutralizar cualquier temor de parcialidad que tal circunstancia pudiera albergar en los sometidos a juzgamiento”, sostuvo la jueza en una resolución de tres páginas.
Además, expresó: "Por lo demás, cabe referir que la imparcialidad del juez frente al caso implica la objetividad de la actividad jurisdiccional para posibilitar un juicio adecuado a los requisitos constitucionales. En tal sentido cabe dejar sentado que frente a este, o a cualquier otro proceso que me sea sometido a juzgamiento, habré de preservar la imparcialidad sin involucramiento personal que pueda influir en mi decisión".
A pesar de que la atención inicial estaba en el 17 de diciembre, fecha marcada por la oposición por presuntas irregularidades en el padrón electoral, la situación se complica aún más debido a la posición de Romero, quien admitió no estar en condiciones de resolver un conflicto en el que ella misma es parte interesada. Mientras tanto, el oficialismo representado por Juan Román Riquelme y la fórmula Andrés Ibarra-Mauricio Macri continúan con disputas públicas, aunque ambas partes expresan su deseo de que las elecciones se lleven a cabo antes de que finalice el 2023. En medio de esta disputa, los socios se ven impedidos de ejercer su derecho al voto.
