Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, exasesor y operador judicial de Macri.
La Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) dejó de ser la encargada de resolver la solicitud de asilo que había presentado Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, para evitar comparecer en Comodoro Py en el marco de la causa denominada “mesa judicial”. Después de que la cancillería argentina remitió el exhorto de la Jueza María Servini pidiendo su detención y extradición, la suerte de “Pepín” quedó exclusivamente en manos de la justicia de Montevideo que tiene hasta 30 días para expedirse.
Según detalló una fuente del gobierno uruguayo a A24.com, la ley número 18.076, que fija los derechos de los refugiados en ese país, establece que cuando recae un pedido de extradición sobre el solicitante de asilo, la única autoridad competente para resolverlo es el juez de la causa.
El caso Rodríguez Simón está a cargo de la jueza de Crimen Organizado, Adriana Chamsarian que tiene un mes para pronunciarse sobre el planteo de refugio. Antes de dictaminar deberá pedirle a la CORE un informe sobre la situación del ex asesor de Mauricio Macri.
A todo esto, la misma magistrada tiene en su poder el requerimiento de Servini. Deberá enviarle el expediente al fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Ricardo Lackner para que analice la situación de Pepín y formule su opinión.
Un vocero de los Tribunales uruguayos le explicó a A24.com que un proceso de extradición puede insumir más de dos años.
Por el momento, la jueza Chamsarian no asumió aún competencia en el asunto. Su actuación deberá regirse en base a la ley número 17.225 -que contiene el convenio de extradición entre Argentina y Uruguay-, y de forma supletoria, por las normas del Código de Proceso Penal.
En el artículo 331 de esta norma, se advierten los argumentos de defensa que viene anticipando el propio Rodríguez Simón, cuando señala que la extradición no será aplicable cuando se trate de delitos que obedezcan a motivos políticos o que pueda inferirse que media un propósito persecutorio.
En Argentina los actores judiciales aún se preguntan por qué Rodríguez Simón arriesgó su libertad, cuando en la causa que investiga el presunto “hostigamiento y ahogo financiero del Grupo Indalo”, ya lleva dos años en trámite y recién ahora lo llamaron a indagatoria. Incluso no tuvo obstáculos cuando requirió postergar su declaración en varias oportunidades.
“Pepín” estaba en Uruguay cuando inició esta polémica estrategia pidiendo convertirse en exiliado, y por eso debió renunciar a su estatus de residente en ese país. Tras anunciar por televisión y redes sociales que planeaba evadir la citación judicial por temor a ir preso, obligó a que la jueza Servini lo declarara en rebeldía y ordenara su captura internacional. Para subir el alerta roja, Interpol pidió más precisiones, otorgándole una pequeña tregua.
Luego intentó ampararse con un hábeas corpus, tras denunciar que “había sido fotografiado por personas desconocidas, y había visto coches en actitud de aparente vigilancia”, pero fracasó cuando los tribunales orientales no encontraron fundamento.
A partir de ahora le tocará hacer frente a un juicio de extradición. En este sentido, el ministro de justicia uruguayo, Pablo da Silveira, anunció que “no habrá dilaciones en el análisis del caso de Rodríguez Simón” .
En la causa que investiga en Comodoro Py una supuesta “mesa judicial”, que impulsó procesos penales contra el Grupo Indalo, y que llevó a la cárcel a Cristóbal López y a Fabián De Sousa, también están imputados Mauricio Macri, su ex jefe de asesores José Torello, el ex secretario de coordinación Mario Quintana, el ex Director de la AFIP Alberto Abad, y su sucesor Leandro Cuccioli.
Para el abogado de De Sousa, Carlos Beraldi, si Rodríguez Simón llega a ser extraditado, la justicia argentina deberá aplicarle una prisión preventiva porque quedó clara su intención de profugarse.
