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INVESTIGACIÓN

Allanaron la Asociación de Anestesia por la presuntas fiestas con drogas: qué buscaban los investigadores

El procedimiento se realizó en el marco de la investigación por presuntas fiestas con anestésicos robados. La entidad aseguró que fue denunciante del caso, negó la existencia de una red y afirmó que la Justicia buscó documentación sobre reuniones con los profesionales imputados.

01 de abril de 2026 - 15:35
Allanaron la Asociación de Anestesia por la presuntas fiestas con drogas: qué buscaban los investigadores

El procedimiento sorprendió a las autoridades de la entidad, que aseguraron haber sido quienes impulsaron la denuncia. “El allanamiento nos tomó por sorpresa, pero somos los que más queremos saber qué pasó. Apenas tomamos conocimiento, corrimos a la Justicia a denunciar”, explicó el abogado de la asociación, Eduardo Gerome a la prensa.

El letrado remarcó que la institución se presenta como denunciante en el expediente y que colaborará con el avance de la investigación. “Esta institución es denunciante. Es una investigación que está a cargo de la Justicia y, como denunciantes, vamos a poner a disposición lo que requieran”, señaló.

El abogado descartó que detrás del caso haya una red de tráfico de estupefacientes: "Se ha tratado de dos profesionales diferentes y esta es la situación puntual. No hay una ramificación".

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Según detalló, los investigadores buscaron documentación vinculada a reuniones mantenidas con los profesionales señalados en la causa. “Los únicos registros que pueden llegar a encontrar son sobre reuniones que hayan tenido en esta institución, pero no se indaga sobre la vida privada de cada profesional”, sostuvo.

Gerome explicó que la Justicia trata de constatar el acta que confirme la "desvinculación del anestesista" ya informada por la institución. "Uno se ha desvinculado de la institución por renuncia y la otra ha sido desafectada por el Hospital Italiano", indicó.

El letrado aclaró que la desafiliación de la asociación "no significa que no puede trabajar". "La asociación les da protección, les da perfeccionamiento, les da posibilidades. Pero el que no es socio de la asociación puede trabajar por las suyas. La matrícula continúa", precisó.

Además, reprochó que "no pueden estar en la asociación profesionales que no cumplan con las normas estrictas que exige" la organización y manifestó que es el Ministerio de Salud el que debe pronunciarse acerca de la matricula de los profesionales.

Respecto a la repercusión del caso en el resto de los profesionales de la salud, Gerome planteó que "esto es más o menos como que un conductor imprudente que maneje un colectivo afecte a todos los colectiveros. Son casos puntuales y especiales que son condenables". "Se supone que afectan a la asociación y por eso la asociación es la que le hace la denuncia", excusó.

La causa por el robo de anestésicos

La investigación se originó tras la muerte del anestesista Alejandro Salazar en febrero último y derivó en el descubrimiento de un circuito de sustracción de medicamentos hospitalarios que habrían sido utilizados en encuentros clandestinos conocidos como “Propo fest”.

En ese contexto, la Justicia ordenó allanamientos en los domicilios de Hernán Boveri y Delfina Lanusse, acusados de sustraer y distribuir propofol y fentanilo, dos anestésicos de uso clínico restringido.

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Durante los operativos, la Policía secuestró cajas con tubos de anestesia, jeringas, teléfonos celulares y computadoras. Ambos profesionales quedaron imputados mientras se investiga cómo los fármacos salieron del Hospital Italiano y terminaron fuera del ámbito sanitario.

El caso comenzó en febrero, cuando Salazar, anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y exresidente del Hospital Rivadavia, fue hallado muerto en su vivienda. La autopsia determinó que falleció por una sobredosis de propofol y fentanilo. Junto al cuerpo se encontraron medicamentos y una bomba de infusión, lo que encendió las alertas.

Las pericias posteriores establecieron que los fármacos provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires. A partir de esa información, los investigadores identificaron a Boveri y a la residente Lanusse como presuntos responsables del robo y la distribución. Ambos dejaron de trabajar en la institución, que inició un sumario interno y presentó la denuncia ante la Justicia.

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