El juez de Campana González Charvay dispuso los operativos en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratos y manejo de fondos internacionales.
Allanamientos en la sede de AFA de Viamonte y el predio de Ezeiza. (Foto: NA)
La Justicia ordenó nuevos allanamientos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de una investigación por presunto manejo irregular de fondos y contratos internacionales. Los operativos, encabezados por Prefectura Naval, se realizaron en la sede de la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza.
La medida fue dispuesta por el juez de Campana Adrián González Charvay, quien avanza en distintas líneas de investigación que involucran a la dirigencia del fútbol argentino.
Durante los allanamientos, los investigadores se enfocaron en los contratos firmados entre la AFA y la empresa TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni y Erica Gillete.
Esta firma tenía un rol clave: actuaba como agente exclusivo para la gestión y cobro de contratos internacionales, incluyendo acuerdos de sponsoreo, eventos y negocios comerciales de la Selección Argentina en el exterior.
Según consta en la causa, la empresa percibía una comisión del 30% más un 10% adicional por tareas logísticas, lo que despertó sospechas sobre el manejo de esos fondos.
La investigación tomó impulso tras una denuncia de dirigentes de la Coalición Cívica, quienes apuntaron a la existencia de una presunta red internacional de intermediarios financieros. De acuerdo a esa presentación, entre 2021 y 2025 se habrían canalizado más de 300 millones de dólares por fuera del circuito bancario argentino.
Además, en documentación proveniente de la Justicia de Estados Unidos se detectaron transferencias hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
El caso no se limita a un solo expediente. Actualmente hay investigaciones abiertas en distintos juzgados: en Campana, a cargo de González Charvay; en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, subrogado por Luis Armella; y en el Juzgado Criminal y Correccional N° 11, bajo la jueza Paula Petazzi.
Ante este escenario, el juez de Campana busca unificar las causas para evitar superposición de investigaciones y posibles fallos contradictorios. En ese sentido, se espera que en las próximas semanas haya una definición clave de la Cámara de Casación sobre qué juzgado concentrará el expediente principal.
Los allanamientos también se vinculan con otra investigación que lleva adelante el mismo magistrado: la compra de una propiedad en Pilar valuada en 17 millones de dólares, que habría sido adquirida mediante presuntos testaferros ligados a la dirigencia.
Para la Justicia, ambos casos podrían estar conectados dentro de un mismo esquema de movimientos financieros bajo análisis.
