Sin embargo, en una resolución de 39 páginas, el juez advirtió que esos elementos fueron expuestos de manera “genérica y abierta”, sin precisar los contornos fácticos de los supuestos delitos. También señaló la falta de determinación de un delito precedente, lo que, a su criterio, impide sostener una hipótesis de lavado de dinero.
Con esos argumentos, Argibay desestimó el requerimiento fiscal y resolvió remitir el caso al juzgado de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
El pedido del fiscal
El fiscal Pedro Simón sostuvo en su planteo de recusación que Pablo Ariel Toviggino habría recibido dinero de origen ilícito que luego distribuyó entre personas de su entorno, en especial a su hermano Darío Fabián Toviggino, para reinsertarlo en el circuito económico mediante la adquisición de bienes y así darle apariencia de legalidad. En esa línea, señaló que Darío Fabián Toviggino y Rosalía Argañaraz compraron el lote “W-1”, que pertenecía a María del Pilar Argibay Lapalma, hija del juez que intervenía en el expediente.
Sobre ese punto, la Cámara Federal de Tucumán consideró acreditado que la hija del magistrado participó de una operación inmobiliaria que podría estar vinculada con el objeto de la investigación por presunto lavado de activos, y utilizó ese argumento para apartar a Sebastián Argibay de la causa.
En ese contexto, aún no está definido si la resolución de primera instancia que rechazó las detenciones de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino fue firmada antes o después de que se dispusiera el apartamiento del juez.
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