La Cámara Federal de Tucumán resolvió desplazar al magistrado Sebastián Argibay tras una recusación del fiscal. La causa involucra al titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.
Apartaron al juez de la causa AFA en la que pidieron detener a Tapia y Toviggino en Santiago del Estero
La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay de la causa en la que se investiga un presunto esquema de lavado de dinero y asociación ilícita que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.
La decisión se tomó tras hacer lugar a una recusación presentada por el fiscal Pedro Simón, quien cuestionó la imparcialidad del magistrado. El futuro del expediente ahora quedó en suspenso, ya que el otro juez federal de la provincia, Guillermo Molinari, se encuentra de licencia por motivos de salud.
En este escenario, la causa deberá ser reasignada por sorteo y podría recaer en un juzgado de Tucumán o Catamarca, donde también tiene competencia la Cámara interviniente.
El eje de la recusación estuvo en un presunto vínculo previo entre Argibay y Toviggino. Según consta en el expediente, el juez habría participado en una operación inmobiliaria vinculada al dirigente, en la que una finca valuada en alrededor de $200 millones fue escriturada por un monto cercano a los $20 millones.
Ese antecedente fue considerado suficiente para poner en duda su imparcialidad y justificar su apartamiento del caso.
La causa analiza supuestas maniobras en el manejo de fondos dentro de la AFA, con foco en una red de empresas y operaciones financieras vinculadas al entorno de Toviggino, principalmente en Santiago del Estero.
En su dictamen, el fiscal Simón pidió la detención de Tapia, Toviggino y una veintena de imputados, señalados como presuntos testaferros. Al tesorero de la AFA lo acusó de ser el supuesto jefe de una asociación ilícita.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la empresa SEGON SRL, que habría recibido más de $1.243 millones en transferencias del gobierno de Santiago del Estero en los últimos dos años. Parte de esos fondos estaban vinculados a un contrato de seguridad en el Hospital Regional Ramón Carrillo.
Según el análisis de los movimientos bancarios, el dinero que ingresaba a las cuentas de la firma era transferido rápidamente a otras cuentas, en muchos casos en menos de 48 horas, lo que para la fiscalía sugiere una maniobra para dificultar la trazabilidad.
Además de fondos públicos provinciales y municipales, como los provenientes de la Municipalidad de Frías, la propia AFA también realizó transferencias millonarias a la empresa: más de $1.328 millones entre 2024 y 2025.
Con el apartamiento de Argibay, el expediente entra en una etapa de definición clave. La designación de un nuevo juez será determinante para el avance de una causa que investiga presuntas irregularidades millonarias y que tiene en el centro a uno de los dirigentes más poderosos del fútbol argentino.