La defensa había pedido su libertad alegando que la medida era inconstitucional por la edad, pero la Cámara de Casación Bonaerense rechazó la solicitud.
El menor de 14 años continuará alojado en un instituto de menores.
Continuará alojado en un instituto de menores el adolescente de 14 años acusado de participar en el brutal robo que terminó con la muerte de Kim Gómez en La Plata. Así lo resolvió la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, que rechazó el recurso de la defensa y sostuvo que la privación de libertad no vulnera derechos constitucionales ni tratados internacionales.
La decisión fue tomada por la Sala V del Tribunal de Casación, integrada por los jueces Manuel Bouchoux y Daniel Carral, luego de un análisis detallado del caso y un encuentro personal con el joven en el Centro de Recepción La Plata, donde permanece desde febrero de este año.
El chico está acusado de haberse llevado el auto de la madre de Kim junto a otro adolescente de 17 años, con la niña de 7 años dentro del vehículo. La arrastraron casi 15 cuadras. Producto de las heridas sufridas, Kim murió.
La defensa del menor intentó revocar la medida judicial alegando que se trataba de un menor no punible, y por lo tanto su privación de libertad era inconstitucional. En su presentación, se apoyaron en tratados internacionales que protegen los derechos de los niños, e hicieron hincapié en que el encierro vulneraba el interés superior del niño.
Con ese argumento, solicitaron su inmediata liberación y, de forma subsidiaria, propusieron alternativas como el arresto domiciliario o el traslado a otro tipo de institución. No obstante, los jueces rechazaron el planteo al considerar que el caso se enmarca dentro de una situación de “extrema gravedad”, tal como establece el artículo 64 de la Ley 13.634 de la provincia de Buenos Aires.
El artículo citado por los magistrados permite como excepción la restricción de la libertad para menores no punibles, sólo cuando los hechos sean de extrema gravedad. La participación en el robo que terminó con la muerte de una niña de apenas siete años fue determinante para considerar que el caso cumple con esas condiciones excepcionales.
Tanto la jueza que dictó la medida como la Cámara de Apelaciones que la confirmó coincidieron en que el delito reviste una gravedad suficiente como para justificar una medida de seguridad de este tipo, aún en un menor que legalmente no puede ser juzgado como adulto.
Una particularidad del fallo fue que los jueces de Casación mantuvieron una entrevista personal con el joven en el centro donde se encuentra alojado. La visita formó parte del procedimiento de evaluación previo a tomar una decisión definitiva. Según indicaron, también analizaron informes interdisciplinarios que aportaron una mirada integral sobre la situación del menor.
Los reportes detallaron que el chico actualmente cursa el tercer año del secundario dentro del instituto, mantiene un vínculo constante con su madre —quien lo visita semanalmente— y participa de espacios de reflexión con profesionales de la salud mental.
Aunque el acusado tiene 14 años —edad a la que la legislación argentina lo define como inimputable—, la jurisprudencia permite aplicar medidas excepcionales cuando se busca garantizar su resguardo y el de terceros. En este caso, la gravedad del delito y la necesidad de un seguimiento institucional especializado hicieron que se descartaran alternativas como el arresto domiciliario.
Además, el hecho de que el chico esté siendo acompañado por equipos profesionales y que haya evidencia de una mejora en su actitud, refuerza la idea de que el instituto de menores no funciona únicamente como un lugar de encierro, sino como un espacio de intervención y reparación.
La resolución de la Cámara de Casación bonaerense podría sentar precedente sobre cómo proceder en casos similares donde menores inimputables están involucrados en delitos de altísima gravedad. En este escenario, el artículo 64 de la ley provincial cobra un peso relevante como herramienta jurídica para aplicar restricciones en contextos excepcionales, aún cuando el acusado sea un niño o adolescente.
