Pocas horas más tarde, la investigación dio un giro decisivo. Los padres de Joaquín Alfredo Pérez, exnovio de Érica, se presentaron en una comisaría de Resistencia con una carta manuscrita que su hijo había dejado antes de desaparecer. El mensaje, breve y perturbador, decía:
“Maté a Érica, lo siento mamá. Fue por venganza”.
La fiscal María Noel Benítez, a cargo del Equipo Fiscal N.° 11 de Género, ordenó de inmediato la detención del sospechoso y la emisión de un pedido de captura en todo el país.
Mientras la Policía intensificaba la búsqueda, la familia del acusado aseguraba desconocer su paradero. La hipótesis de los investigadores era que intentaba huir hacia otra provincia o incluso salir del país, utilizando transporte público para evitar ser rastreado.
El operativo policial dio resultados en menos de 24 horas. Joaquín Alfredo Pérez, de 29 años, fue interceptado por la Policía de Corrientes en un control vehicular de la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del puesto caminero “San Borjita”, en el kilómetro 1319.
El sospechoso viajaba en un colectivo de larga distancia rumbo a Posadas, intentando cruzar la provincia sin levantar sospechas. Al ser identificado, no opuso resistencia y fue trasladado a disposición de la Justicia chaqueña.
Fuentes policiales confirmaron que Pérez será imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una calificación que podría derivar en prisión perpetua si la Justicia acredita la premeditación del ataque.
De acuerdo con los primeros informes forenses, Érica Almirón Romero murió por asfixia, aunque se esperan los resultados complementarios de la autopsia para determinar si la joven fue sedada, forzada a ingerir sustancias químicas o si sufrió algún otro tipo de violencia previa.
La investigación busca esclarecer cómo ingresó el sospechoso al departamento, si la víctima tenía medidas de protección vigentes y qué rol cumplió el entorno familiar en la detección de posibles amenazas.
El caso se encuentra bajo estricto seguimiento judicial, ya que las autoridades lo consideran un femicidio con indicios de premeditación.
El asesinato de Érica conmociona a la provincia de Chaco y vuelve a poner en agenda la problemática de los femicidios en Argentina. Organizaciones de mujeres y colectivos feministas locales convocaron a movilizaciones y pedidos de justicia, reclamando mayores medidas de prevención y acompañamiento para víctimas de violencia de género.
Según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en lo que va del año ya se registraron más de 120 femicidios en el país, y la mayoría fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas.
En este contexto, especialistas destacan la importancia de la denuncia temprana, los sistemas de alerta y el cumplimiento efectivo de perimetrales, ya que muchos de estos crímenes se podrían prevenir si las víctimas cuentan con una protección real y rápida intervención del Estado.
Si bien la investigación sigue su curso, los primeros testimonios recolectados entre familiares y vecinos de la víctima indican que la relación entre Érica y Joaquín Alfredo Pérez había sido conflictiva.
Amigos de la joven sostuvieron que ella había decidido terminar la relación hacía meses, pero que el acusado la hostigaba de manera insistente. Incluso trascendió que había amenazas previas, aunque no existen registros públicos de denuncias formales.
La carta de confesión, donde Pérez habla de “venganza”, refuerza la hipótesis de un crimen pasional con planificación previa, lo que podría agravar su situación judicial.
Mientras la familia de Érica exige justicia y esclarecimiento total, la fiscalía continuará con la recolección de pruebas, análisis de teléfonos celulares, cámaras de seguridad y pericias psicológicas al acusado.
Se espera que en las próximas horas se formalice la imputación y se solicite la prisión preventiva, mientras se avanza en la reconstrucción de las últimas horas de vida de Érica.
El caso promete un proceso judicial mediático y genera temor en la comunidad, que pide respuestas rápidas y medidas concretas para evitar que otro femicidio quede impune.