Crimen de Nora Dalmasso: el giro histórico que cambió todo y dejó expuestos a los fiscales

El caso Dalmasso se convirtió en uno de los expedientes criminales más escandalosos de la historia argentina. Nora Dalmasso tenía 51 años cuando fue violada y asesinada en su casa del barrio Villa del Golf, en Río Cuarto.

La mujer fue estrangulada con el cinturón de su bata de baño. Desde el inicio, la investigación quedó envuelta en filtraciones, rumores y teorías que expusieron brutalmente la intimidad de la víctima y de toda su familia.

Primero apuntaron contra un albañil, Gastón Zárate, quien terminó convertido en el símbolo del recordado “perejilazo”, la movilización popular que denunció que estaban acusando a un inocente.

Después, la investigación dio un giro todavía más polémico: se sospechó del hijo de Nora, Facundo Macarrón, quien entonces tenía 19 años. Incluso se llegó a instalar la hipótesis de una supuesta relación sexual entre madre e hijo motivada por un supuesto conflicto vinculado a la orientación sexual del joven.

Más adelante, el foco pasó al viudo Marcelo Macarrón. Los fiscales sostuvieron durante años que había viajado en secreto desde Punta del Este para asesinar a su esposa o que había contratado sicarios colombianos para concretar el crimen. Sin embargo, terminó absuelto en un juicio oral realizado en 2022.

La prueba de ADN que cambió todo

Mientras la causa avanzaba sobre hipótesis cada vez más controvertidas, la pista genética clave permanecía prácticamente ignorada.

El nombre de Roberto Bárzola ya había sido mencionado por la familia Macarrón-Dalmasso en 2007. El parquetista trabajaba en la casa de Nora y, según trascendió, había mantenido una fuerte discusión con ella días antes del crimen.

Sin embargo, pese a que incluso un informe del FBI sugería profundizar esa línea investigativa y obtener muestras genéticas, los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro nunca avanzaron seriamente sobre esa hipótesis.

La extracción de ADN recién se concretó en 2024, cuando la causa ya estaba prácticamente agotada. El resultado fue demoledor: los rastros genéticos de Bárzola aparecieron en diez sectores distintos de la bata utilizada para estrangular a Nora y también en un vello púbico hallado en la zona genital de la víctima.

Para la acusación durante el jury, esa evidencia demostraba que el principal sospechoso “estuvo frente a sus ojos y no hicieron nada”.

“Fue un manual de cómo no investigar un caso de violencia de género”

La fiscal general adjunta Betina Croppi encabezó la acusación contra los tres fiscales y fue contundente durante sus alegatos. “Fue un manual de cómo no investigar un caso de violencia de género”, sostuvo frente al tribunal.

Croppi aseguró que la investigación estuvo atravesada por prejuicios, filtraciones y una construcción pública que terminó condenando moralmente a la víctima en lugar de buscar al asesino.

Según remarcó, desde la fiscalía se instaló durante años la imagen de una “mujer promiscua” y se alimentaron versiones vinculadas a supuestos amantes, relaciones ocultas y conflictos familiares.

La acusación también cuestionó con dureza el tratamiento que recibió Facundo Macarrón, quien fue expuesto públicamente por su orientación sexual mientras se sostenían hipótesis consideradas “novelescas”.

“Se construyó una teoría casi novelesca de un descendiente que viajaba, abusaba de su madre y la mataba”, expresó Croppi durante la audiencia.

Sus palabras hicieron quebrarse emocionalmente a Valentina Macarrón, quien escuchó el alegato sentada junto a su hermano y su padre.

El fallo histórico contra los fiscales

Tras una audiencia que se extendió durante casi 14 horas, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió por unanimidad destituir a Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.

El tribunal consideró acreditado que incurrieron en “negligencia grave” y “mal desempeño” durante la investigación del caso Dalmasso.

Además de perder sus cargos, los tres quedaron inhabilitados para volver a ejercer funciones dentro del Poder Judicial provincial.

La decisión fue considerada histórica porque, según destacó la propia Croppi, es la primera vez en Córdoba que tres funcionarios judiciales son juzgados y destituidos conjuntamente por su actuación en una misma causa.

El jury estuvo integrado por legisladores oficialistas y opositores junto con representantes del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Fue presidido por Julieta Rinaldi, la primera mujer en ocupar ese cargo.

La defensa de los fiscales

Durante el proceso, los tres fiscales rechazaron haber actuado con negligencia y sostuvieron que trabajaron con las pruebas disponibles en cada momento.

Javier Di Santo aseguró que durante sus 38 años de carrera siempre actuó “con entereza y respeto” y afirmó tener “la conciencia tranquila”.

Daniel Miralles pidió disculpas a la familia Macarrón-Dalmasso, aunque negó haber cometido irregularidades. Según explicó, cuando tomó la causa habían pasado diez años del crimen y consideró lógico investigar al círculo íntimo ante la falta de pruebas contundentes.

Luis Pizarro, en tanto, defendió la elevación a juicio contra Marcelo Macarrón y sostuvo que las hipótesis se construyeron a partir de la evidencia existente en ese momento.

Las defensas también cuestionaron que el desempeño de los fiscales fuera evaluado “con el diario del lunes”, es decir, tomando en cuenta información que apareció muchos años después.

La otra batalla: evitar que el crimen quede impune

Aunque el ADN de Roberto Bárzola complicó definitivamente su situación judicial, la causa enfrenta ahora otro obstáculo gigantesco: la prescripción.

En octubre de 2025, la Cámara Criminal y Correccional de Río Cuarto consideró que la acción penal estaba extinguida porque habían pasado casi 19 años desde el crimen sin que existieran causas válidas de interrupción.

El fallo sostuvo que el delito quedó prescripto, como mínimo, desde noviembre de 2021.

Los jueces también rechazaron los planteos de la familia Macarrón-Dalmasso, que intentó argumentar que los plazos debían suspenderse porque Marcelo y Facundo estuvieron imputados durante buena parte de la investigación y eso les impidió actuar antes como querellantes.

Tampoco prosperó la idea de considerar el caso como un delito de lesa humanidad, algo que habría permitido evitar la prescripción.

Ahora, la última esperanza de la familia está puesta en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que deberá resolver si confirma o revierte esa decisión.