La Justicia investiga el accionar de los agentes y analiza posibles delitos por abuso de autoridad y vulneración de la intimidad.
Escándalo: investigan a cuatro policías acusados de obligar a una mujer a mostrar fotos íntimas.
Un grave episodio de presunto abuso policial sacude a la localidad cordobesa de San Francisco del Chañar. Cuatro efectivos de la Policía provincial, entre ellos una mujer, quedaron bajo investigación luego de que una vecina denunciara que fue obligada a exhibir fotos íntimas almacenadas en su teléfono celular durante un procedimiento vinculado a una causa por robo.
De acuerdo con el relato de la denunciante y de su abogado, Ignacio Almada Vargas, la mujer había sido señalada como sospechosa en una investigación por un robo ocurrido en diciembre de 2025. Sin embargo, el letrado remarcó que su clienta nunca estuvo imputada formalmente en la causa.
“Hubo un mal desempeño de los deberes de funcionario público de parte de la Policía”, sostuvo Almada Vargas en declaraciones a El Doce.
Según explicó, la mujer fue citada a la comisaría local en calidad de testigo y allí habría sido encerrada e interrogada bajo presión para que se autoincriminara. En ese contexto, los efectivos le habrían pedido que desbloqueara su teléfono y exhibiera imágenes íntimas guardadas en el dispositivo.
El abogado aseguró que los policías no contaban con autorización judicial para revisar el celular y mucho menos para acceder a contenido privado ajeno a la investigación.
Días después del interrogatorio, se realizó un allanamiento en la vivienda de la mujer. Según denunció la defensa, durante el operativo la trataron “de pésima manera” y avanzaron nuevamente sobre su intimidad.
En el procedimiento se secuestraron dos teléfonos iPhone usados, un automóvil antiguo y otros elementos que, según la defensa, no tendrían relevancia significativa para la causa.
La mujer afirmó que el episodio provocó una fuerte crisis familiar y emocional. Según trascendió, tras la exposición de las imágenes privadas sufrió un intento de suicidio y debió ser internada.
Actualmente permanece bajo acompañamiento terapéutico y todavía no pudo declarar formalmente en la causa.
La investigación quedó en manos de la fiscal Analía Cepeda, de Deán Funes, quien reconoció públicamente que existieron irregularidades en el accionar policial.
“El proceder policial fue irregular porque, como sospechosa, tiene el derecho de no entregar su teléfono móvil”, explicó la funcionaria judicial.
Cepeda agregó que, incluso si la mujer hubiera accedido voluntariamente a mostrar el contenido, los agentes no estaban habilitados para revisarlo porque ella no contaba con asistencia legal en ese momento.
Además, la fiscal fue todavía más allá y remarcó que el personal policial avanzó sobre cuestiones que excedían por completo la investigación del robo. “Fueron más allá de lo que puede interesar para la causa”, sostuvo.
También advirtió que podrían sumarse nuevos cargos si la denunciante formaliza una presentación por las consecuencias que el episodio tuvo sobre su salud mental y su dignidad.
Ante la gravedad de la situación, la defensa solicitó la intervención de la oficina de Violencia de Género de Jesús María para que se dicten medidas de protección y resguardo para la víctima.
El abogado de la mujer aseguró que el accionar policial podría encuadrarse en distintos delitos contemplados en el Código Penal, entre ellos abuso de autoridad y vulneración de derechos fundamentales.
“Si se está investigando un robo, no hay por qué vulnerar la intimidad de una persona ni pedirle que exhiba su cuerpo a través de imágenes o videos”, expresó Almada Vargas.
Mientras avanza la investigación judicial, los cuatro policías continúan en funciones y todavía no fueron apartados de sus cargos.