La inusitada frase de la mamá de Ángel a la Policía: "Me tomó por sorpresa y no sabía qué..."

El dato más estremecedor fue la causa de muerte: un edema cerebral difuso, una condición que suele asociarse al denominado “síndrome del sacudón”. Este tipo de lesión, explicaron los expertos, ocurre cuando un niño es sacudido de manera violenta, provocando daños severos en el cerebro. Se trata de una forma de maltrato infantil de extrema gravedad, que rara vez es producto de un accidente. Para los investigadores, este hallazgo fue determinante para cambiar el rumbo de la causa.

A partir de ese momento, la hipótesis de un hecho fortuito quedó descartada, y la investigación comenzó a centrarse en el entorno familiar del menor. El fiscal Facundo Oribones fue contundente al describir el contexto en el que vivía Ángel. Según su análisis, el niño estaba inmerso en un “círculo de violencia”, una situación sostenida en el tiempo que habría derivado en el desenlace fatal.

La Justicia avanzó rápidamente. Mariela Altamirano fue imputada por homicidio agravado por el vínculo, bajo la figura de comisión por omisión. Esta calificación implica que, si bien no se le atribuye necesariamente haber ejecutado el ataque, sí se la considera responsable por no haber evitado el resultado, teniendo la obligación de hacerlo. El juez interviniente dictó seis meses de prisión preventiva mientras se profundiza la investigación.

Pero Altamirano no fue la única señalada. Su pareja, Michel González, también quedó bajo la lupa de los investigadores. El hombre fue imputado en la causa y se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Según fuentes judiciales, González cuenta con conocimientos en artes marciales, un dato que encendió alarmas entre los peritos al analizar la mecánica de las lesiones. Además, se constató que posee antecedentes por violencia de género y maltrato infantil, lo que refuerza la hipótesis de un entorno hostil para el niño.

Los antecedentes familiares comenzaron a emerger con fuerza a medida que avanzaba la causa. Desde Misiones, provincia de origen de Altamirano, surgieron testimonios que complejizaron aún más su situación judicial. De acuerdo con esos registros, la mujer habría perdido previamente la tenencia de otro hijo debido a episodios vinculados con maltrato. Este dato fue incorporado al expediente y es considerado relevante para establecer un patrón de conducta.

Mientras tanto, la comunidad de Comodoro Rivadavia reaccionó con indignación y dolor. Vecinos, organizaciones sociales y familiares del menor comenzaron a exigir justicia, reclamando que el caso no quede impune. Las manifestaciones públicas y el seguimiento mediático intensificaron la presión sobre el sistema judicial, que ahora enfrenta el desafío de esclarecer cada detalle de lo ocurrido.

En paralelo, los fiscales continúan reuniendo pruebas clave. Se esperan resultados de peritajes complementarios, análisis psicológicos y reconstrucciones que permitan determinar con precisión qué sucedió en las horas previas a la muerte de Ángel. Cada elemento suma para intentar desentrañar una trama que, hasta el momento, presenta múltiples interrogantes.

La declaración inicial de Altamirano, aquella que parecía describir una emergencia inesperada, hoy es analizada bajo otra luz. Los investigadores buscan establecer inconsistencias, tiempos y posibles omisiones que puedan resultar determinantes en el proceso judicial. La duración de las maniobras de RCP, el momento en que se realizó el llamado al 107 y las condiciones en las que fue hallado el niño son aspectos que se examinan con detalle.

El caso también pone en foco la problemática del maltrato infantil y las fallas en los sistemas de protección. Cómo un niño pudo permanecer en un entorno presuntamente violento sin que se activaran mecanismos de alerta es una de las preguntas que sobrevuelan la investigación. Especialistas advierten que estos casos suelen estar precedidos por señales que, de haber sido detectadas a tiempo, podrían haber evitado el desenlace.

La figura de la comisión por omisión cobra especial relevancia en este contexto, ya que implica una responsabilidad directa sobre el cuidado del menor. Para la fiscalía, no se trata solo de determinar quién ejerció la violencia física, sino también quién permitió que esa violencia ocurriera. Este enfoque amplía el alcance de la investigación y refuerza la hipótesis de un entorno negligente.

A medida que se acumulan pruebas, el expediente se vuelve cada vez más complejo. Declaraciones cruzadas, antecedentes, informes médicos y pericias técnicas conforman un entramado que deberá ser evaluado en su totalidad. La expectativa está puesta en que el proceso judicial logre reconstruir con claridad los hechos y establecer responsabilidades.