En uno de los puntos centrales de la respuesta, la empresa preadjudicada cuestionó el tratamiento del IVA contemplado en el plan económico-financiero de DEME. A su entender, la metodología utilizada no resulta compatible con la normativa vigente y genera una rentabilidad artificialmente superior a la que podría alcanzarse en la práctica.
El escrito también pone el foco en el volumen de inversiones comprometidas. De acuerdo con la evaluación de Jan De Nul–Servimagnus, la oferta de DEME prevé desembolsos por unos 280 millones de dólares durante los primeros cinco años de contrato y no contempla nuevas inversiones durante las dos décadas posteriores. En contraste, señaló que tanto el modelo de referencia elaborado por la UNCTAD como su propia propuesta prevén inversiones superiores a los 850 millones de dólares.
Otro de los cuestionamientos apunta a las estimaciones de ingresos. Según la empresa preadjudicada, DEME proyectó valores de peaje para la etapa posterior a la profundización de la vía navegable por encima de los máximos autorizados en la licitación, lo que habría generado una sobreestimación de ingresos cercana a los 370 millones de dólares.
En sus conclusiones, Jan De Nul–Servimagnus sostuvo que la propuesta de su competidora no demuestra una mayor eficiencia ni una capacidad superior para reducir costos, sino que se apoya en hipótesis económicas que considera inviables para sostener una concesión de largo plazo. Por ese motivo, rechazó la rentabilidad utilizada por DEME para justificar la rebaja tarifaria planteada y defendió la consistencia financiera de la oferta que resultó preadjudicada.