Con el tiempo, la práctica se extendió a comercios y ahora a domicilios particulares e incluso edificios públicos. "Es una forma de identificar no solo casas sino también instituciones", explicó Luciana durante el informe.
La presencia del sticker genera temor entre los vecinos: indica que el lugar está bajo control o extorsión de la banda narco correspondiente. El caso es especialmente grave cuando estas marcas aparecen en dependencias estatales como sedes del Ministerio Público o Justicia, lo que evidencia una preocupante penetración institucional del crimen organizado.
El informe también revela cómo miembros como Pequeño Jota logran moverse libremente entre países debido a la permeabilidad fronteriza actual, facilitando operaciones ilícitas transnacionales sin antecedentes penales registrados.